Las mujeres defensoras se ven expuestas a los mismos riesgos que enfrentan sus compañeros hombres y además a los específicos por el hecho de ser mujeres que promueven y reivindican derechos. Uno de los riesgos más graves a los que se enfrentan es la violencia sexual, la cual es utilizada como arma contra ellas, sus comunidades, familias y luchas. El abanico de agresiones sexuales es amplio: notas amenazantes de carácter sexual; llamadas telefónicas de la misma naturaleza; utilización de redes sociales para este fin; etc. La violencia estructural y la instrumentalización del cuerpo de las mujeres en un mundo patriarcal ha sido y es una constante. En Guatemala esto se hizo muy evidente durante el Conflicto Armado Interno (CAI) y se manifestó con mayor dureza sobre el cuerpo de las mujeres indígenas, quedando documentado en dos informes de la verdad1, así como en casos emblemáticos como el de Sepur Zarco y el de las Mujeres Achí. María Eugenia Solís García, en su peritaje sobre violencia sexual presentado para el caso de la masacre de Las Dos Erres, perpetrada en diciembre de 1982, señaló que el Estado usó la violencia sexual de manera sistemática y generalizada como una forma de tortura contra las mujeres y toda la población. A través de la violencia sexual las fuerzas armadas estatales generaron terror y desplazamientos forzosos que llevaron a la desestructuración de comunidades enteras y a procesos de exterminio. La violencia sexual contra las mujeres durante el CAI en Guatemala fue un elemento constitutivo de genocidio.

Aunque el contexto actual es diferente, la violencia sexual continúa utilizándose como herramienta de represión y poder contra las mujeres y las comunidades indígenas. Especialmente vulnerable en este sentido es la situación de las defensoras de tierra y territorio, mujeres indígenas que habitan en áreas rurales del país y que cuestionan megaproyectos de todo tipo que se están ejecutando sin la consulta previa, libre e informada a las comunidades. También cuestionan los desalojos de comunidades que responden a los intereses económicos de grandes finqueros o empresas. Este fue el caso de la comunidad Lote 8, en El Estor, Izabal, en el que 11 mujeres mayas Q'eqchies afirmaron haber sido violadas y agredidas sexualmente por guardias de seguridad privada de Skye Resources Inc., parte de Hudbay Minerals, una empresa minera canadiense, durante una serie de desalojos forzosos que ocurrieron en el contexto de un conflicto territorial entre las comunidades indígenas y Hudbay Minerals.

TZK'AT, La Red de Sanadoras Ancestrales del Feminismo Comunitario Territorial desde Iximulew, señala que la experiencia de la labor que llevan a cabo con mujeres de diferentes territorios les ha mostrado que los agresores muchas veces son trabajadores de empresas, o de su seguridad privada, que están armados y tienen experiencia militar. Su actuar es organizado, premeditado y lleva el propósito de desmovilizar a las resistencias que se oponen a las actividades extractivas de sus empresas. “Agredir a una niña o una mujer vinculada a la defensa territorial, porque sean hijas de dirigentes o dirigentas, atenta de manera directa personalmente toda su integralidad, pero va más allá, pues también es agredir a la familia, a la comunidad. El luto, el duelo se amplía hacia toda la comunidad, dadas las historias que cruzan los cuerpos de las mujeres de los territorios ancestrales, que traen a la conciencia lo sucedido sobre los cuerpos de las mujeres mayas en el contexto de la guerra contrainsurgente que usó la violencia sexual como una estrategia, un arma de guerra contra los cuerpos de las niñas y mujeres.” Han observado que los agresores buscan a las hijas de las y los dirigentes de las resistencias, como una forma de atacar y desmovilizar. “Este tipo de violencia instaura el miedo, el terror, así se operaba en el contexto de la guerra contrainsurgente y así se opera ahora en el contexto neoliberalizado de la imposición de industrias extractivas en territorios mayas, a eso lo nombro como violencia sexual territorial”2.

La Red de Sanadoras, entre otras cosas, acompaña a defensoras sobrevivientes de violencia sexual en su proceso de búsqueda de justicia: “los procesos de denuncia son muy duros: la lejanía de la comunidad a lo urbano centralista, el empobrecimiento de las defensoras y sus hijas, donde el acceso a la institucionalidad judicial se vuelve inalcanzable. Los primeros obstáculos los encuentran en los lugares a donde tienen que movilizarse las compañeras para poner denuncias, el Ministerio Público (MP) y la Policía Nacional Civil (PNC), pues generalmente son hombres los oficiales que reciben las denuncias y no hablan el idioma maya de las denunciantes. Además, en la mayoría de ocasiones no se entrega constancia de haber puesto la denuncia a las víctimas porque solo se les escuchó y no hubo procedimiento oficial y cuando se da seguimiento se confirma que no se tomó la denuncia. Así se muestra el ejercicio de poder de las instituciones estatales con su misoginia y machismo, donde el racismo cruza su sistema de justicia patriarcal: el trato discriminatorio a las mujeres, provoca revictimización al momento de volver a poner denuncias, al no escuchar los detalles para operar oportunamente”.

Como parte del trabajo que llevamos a cabo desde PBI, acompañamos a las defensoras a poner denuncias cuando han sufrido este tipo de agresiones y nos lo solicitan. En estas ocasiones hemos observado situaciones similares a las identificadas por la Red de Sanadoras: el camino es largo, riesgoso y frecuentemente revictimizante para las mujeres agredidas. Existe una barrera lingüística, a veces insalvable, por la falta de intérpretes en las instituciones que deben atenderlas. La atención en el MP presenta muchos desafíos. La pobreza estructural en la que viven la mayoría de las mujeres defensoras que acuden a denunciar, hace difícil que puedan costearse los gastos que se derivan del desplazamiento y de las gestiones que tienen que hacer. Además, poner una denuncia no garantiza una investigación, mucho menos una persecución penal del agresor que generalmente sigue en libertad y a menudo reincide. De esta manera, denunciar se vuelve riesgoso para la denunciante y su entorno, pues muchas veces el agresor tiene el poder que le otorga su vinculación con empresas o autoridades públicas, amenazan a la víctima y le ofrecen sobornos a cambio de no denunciar o retirar la denuncia.

La labor de acompañamiento y apoyo que hace la Red de Sanadoras, es fundamental para luchar contra esta violencia ejercida contra las mujeres y las resistencias en las que participan ellas mismas y sus familiares. Pero esta labor también motiva amenazas contra las integrantes de la Red, por ello desde PBI las acompañamos y permanecemos atentas a su situación de seguridad.