La aldea Canalitos se encuentra en la zona 24 de Ciudad de Guatemala, a unos 10 Km del centro de la ciudad y está integrada por 8 comunidades denominadas cantones. La dificultades de acceso al agua forman parte su historia. En octubre les hicimos una visita y sus habitantes nos compartieron que siempre han sentido violentado su derecho al vital líquido y que la situación se ha agravado en los últimos años. En noviembre de 2019, la Empresa Municipal de Agua de Guatemala (EMPAGUA) interrumpió el suministro por completo y las 39 mil personas que habitan los 8 cantones se quedaron sin agua durante 3 meses. La situación fue muy difícil, tal y como nos comparte una vecina1 del cantón Las Delicias (4.500 habitantes), mientras observamos las pilas comunales que, en el momento de la visita llevaban 7 meses vacías: “no tuvimos nada de agua; el agua que nos mandaron en las pipas estaba sucia y nos enfermamos; todas las señoras estuvimos mal del estomago. Luego vino la pandemia y nos decían que nos lavásemos los manos a cada rato, ¿pero con qué agua? Nadie, ninguna institución, se preocupó por nosotras y no hay ni hospitales aquí… y así pasamos la pandemia”.

A petición de integrantes de los Consejos Comunitarios de Desarrollo (COCODEs) y del Comité Único de Barrio (CUB), la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH) asumió la facilitación de una mesa de dialogo entre la municipalidad de Guatemala, EMPAGUA y la población afectada. Finalmente, y gracias a la insistencia de las y los representantes de los cantones, EMPAGUA empezó a mandar pipas de agua cruda2. Dos años más tarde, el 29 de abril de 2022, EMPAGUA y la Municipalidad pusieron en funcionamiento el Pozo C-4. Al mes siguiente llegó el agua tratada y desde entonces sigue llegando, pero con una frecuencia muy limitada, 2 días de cada 15.

“La lucha por el agua en Canalitos es histórica”, nos comparte un representante cuyos antepasados estuvieron entre los primeros pobladores. En 1720 el Estado concesionó terrenos a 20 familias emigradas de las Verapaces, ubicados en una montaña boscosa a unos 10 km al este de la capital: “se ganaron este derecho porque participaron en diferentes guerras de la época”.

Un par de siglos después, durante el gobierno de Ubico (1931-1944), se expropiaron muchas tierras y se reasignaron junto con terrenos colindantes a lo que ahora es la zona 16 de Ciudad de Guatemala. Estas eran tierras comunales (los ejidos de Canalitos) destinadas a la producción de alimentos para consumo y venta. En los años 50, por conflictos entre la vecindad, la comunidad de Canalitos pidió a la municipalidad ajustar los limites de los terrenos, pero esta nunca resolvió su pedido ni se preocupó por proveer servicios básicos como carretera, hospital, agua, etc. Fue gracias a los esfuerzos de las y los vecinos y a la cooperación internacional por lo que ahora tienen carreteras y pozos de agua.

En cuanto a la administración y el control del agua, esta fue asumida por EMPAGUA: “lo que siempre dijeron nuestros antepasados, fue que la muni no quiso atender nuestra petición [de repartición y entrega de títulos de propiedad individual de la tierra], porque consideraba Canalitos su riqueza. Ahora vemos que tenían razón.”

Por qué Canalitos se quedó sin agua

Según señalan representantes de los COCODEs y del CUB, el motivo por el cual en noviembre 2019 se interrumpió el suministro de agua, fue la quema de la bomba de agua del único pozo que estaba funcionando de los cinco administrados por EMPAGUA en Canalitos. Se quemó porque ya no había agua que bombear debido a la disminución de las aguas subterráneas. Según investigaciones llevadas a cabo por las y los vecinos, esta merma en el caudal del agua está relacionada con la construcción, por parte de la empresa Acuífero San Miguel S.A., de pozos de agua y de una carretera directa al barrio residencial ubicado en la zona 16, fronteriza con la 24 en la que se ubica Canalitos. Además, actualmente quieren instalar tendido eléctrico para alimentar la bomba de agua de un pozo que ahora funciona con combustibles fósiles. Para realizar estos trabajos tuvieron que talar cientos de árboles, pero nunca se preocuparon por conseguir los permisos necesarios ni el Estudio de Impacto Ambiental.

“Aquí el recurso del agua es cada vez más escaso. El impacto que la empresa está causando sobre el acuífero es tremendo. Además de que es un acuífero que ya está sobrexplotado; no es que se está aprovechando el agua, se está sobrexplotando... Y con esta situación, ¿que vamos a dejar a las siguientes generaciones?”

En la mesa de dialogo que se creó a raíz del corte de agua de 2019, la PDH logró citar a las instituciones estatales involucradas, el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales y el Instituto Nacional de Bosques, pero lo que no se logró fue que estas instituciones hicieran cumplir a la empresa los requisitos legales necesarios para los trabajos de construcción. A su vez, la PDH exigió a la municipalidad de Guatemala que mientras se arreglaba la bomba de agua se encargase de suministrar agua a la población. La municipalidad contrató un servicio privado para entregar una vez al mes un tonel de 200 litros a cada familia, cuando el promedio de uso diario es de 50 litros. Además, es importante señalar que la bomba que finalmente se instaló en sustitución de la que se quemó, tiene tres veces menos potencia que la anterior.

El ofrecimiento de la empresa: un “caramelo envenenado”

Según nos comparten las personas con las que hablamos, como EMPAGUA está dando un mal servicio la población está desesperada, y ahí es cuando aparece en escena la empresa Acuífero San Miguel S.A. y le dice a la gente que les va a regalar el agua si a cambio se les permite trabajar en el tendido eléctrico. Hasta el momento solo el cantón Lourdes ha aceptado esta oferta, mientras que las y los vecinos de los otros cantones siguen resistiendo frente a la privatización del agua y demandando a las instituciones estatales correspondientes su deber de garantizar el acceso a agua potable.

Un vecino comenta, “si uno tiene los recursos puede moverse al interior del país; pero las personas que no podemos irnos a otro lado vamos a sufrir por el vital líquido”.

A raíz de su activismo, las y los habitantes que luchan por el acceso al agua en Canalitos están enfrentando agresiones de todo tipo. Les han robado varios celulares y una computadora; les vigilan alrededor de sus casas; sufren persecuciones y atropellos; reciben intimidaciones con armas de fuego y amenazas de muerte. Además sufren difamaciones en las redes sociales. Todo ello por demandar su derecho al agua y la protección de las fuentes frente a la sobrexplotación causada por las empresas de construcción.