Algunos datos para empezar

Desde el año 2020 Guatemala está sumida en la segunda crisis alimentaria más grande de América Latina y el Caribe. Hasta 2022 el 21,1% de la población del país sufría grave inseguridad alimentaria. En 2023 este porcentaje aumentó hasta el 26%, mientras que el 58% de la población estaba en situación de seguridad alimentaria marginal, es decir, en riesgo de padecer inseguridad alimentaria. El aumento de la desnutrición crónica en la niñez menor de 5 años es especialmente preocupante. En la población escolar los porcentajes más altos los sufre la niñez indígena. De hecho Guatemala es actualmente el sexto país del mundo con peores índices de malnutrición infantil. En algunas regiones rurales, donde la mayor parte de la población es de origen maya, los índices de malnutrición infantil alcanzan el 80%.

Durante el año 2023 Guatemala ha tenido que enfrentar varios fenómenos climáticos anómalos, como el inicio muy tardío de la época de lluvias, fuertes vientos, lluvias torrenciales y bajas temperaturas. Esto es motivo de gran preocupación entre la población indígena y campesina, pues afecta fuertemente a sus cosechas. Por ejemplo, la mayoría de las más de 200 comunidades del municipio de Ixcán (Quiché), tuvieron grandes pérdidas causadas por la sequía prolongada que dañó la milpa en crecimiento. Por otro lado, en el norte de Huehuetenango las fuertes lluvias acompañadas de viento provocaron la destrucción total de los cultivos, fundamentalmente de milpa, que es la principal fuente de subsistencia. Por el atraso de la lluvia varios agricultores perdieron hasta la mitad de sus siembras y, cuando esta llegó, lo hizo con tal fuerza que destrozó todo, además de causar derrumbes y deslaves. A mediados de diciembre una ola de frío totalmente inusual hizo que las temperaturas en occidente y el altiplano bajaran a 0 grados. Las heladas congelaron la siembra y el pasto para animales. Hubo regiones en las que se llegó a los 3 grados bajo 0 y donde las ovejas amanecieron muertas y las vacas bajaron su producción de leche. Los agricultores están muy preocupados, pues de su actividad depende el sustento de sus familias.

Clima y situación alimentaria en regiones donde acompaña PBI

Parte del trabajo que realizamos desde PBI incluye visitas a las comunidades que acompañamos. Una de las luchas que llevan a cabo estas comunidades es defender su derecho a la alimentación. Lamentablemente hemos podido comprobar in situ, la cada vez más precaria situación en que se encuentran muchas familias campesinas e indígenas.

Una de las regiones afectadas es la Costa Sur. Abelino Mejía, del Consejo de Comunidades de Retalhuleu (CCR)1 señala que este año tuvieron un invierno muy seco con fuertes pérdidas de milpa y hortalizas. En julio, casi un 65% de sus milpas ya estaban secas2. “Esto viene a empobrecer más a las familias campesinas, porque va a producir más desnutrición. La falta de maíz, frijol, yuca, ayotes y arveja, provoca gran escasez de alimentos y desnutrición, que afecta especialmente a la niñez. Realmente es penoso, en cada comunidad hay 20, 30 niños con desnutrición. Aunque las instituciones del Estado no lo quieren aceptar, es una triste realidad que viven los campesinos y que se viene repitiendo cada año, pues las familias están perdiendo sus cosechas por la falta de agua”.

Abelino señala que cada vez el verano (época seca) es más prolongado y aumenta la sequía en la región. La producción masiva de caña de azúcar tiene mucho que ver en esto “ríos, zanjones y nacimientos de agua se secan, porque el monocultivo de caña acapara el agua y a nosotros nos está haciendo un gran daño, porque las familias quieren seguir sembrando en el verano pero no tienen cómo regar”.

Otra región que preocupa son las Verapaces. Hablamos con William Pop3, joven pocomám de 21 años e integrante de la Unión Verapacense de Organizaciones Campesinas (UVOC). Él coordina el eje de trabajo de desarrollo rural y agricultura familiar dentro de la organización y explica que “normalmente las primeras lluvias se dan en mayo, pero este año no llegaron hasta julio. Esto afectó a muchas comunidades que tradicionalmente siembran maíz, pues por el calor las semillas nunca nacieron, así que las familias tuvieron que volver a sembrar a las dos semanas. Y luego, cuando vino la lluvia fue muy intensa y por muy poco tiempo. Por eso la cosecha fue muy baja. Normalmente cosechamos en septiembre, pero este año fue hasta octubre y con muy baja producción. Esto es por el clima. Las familias ahora ven amenazada su alimentación y es un grave problema, porque van a tener que comprar en el mercado y el precio es muy elevado; el maíz está a Q200 el quintal cuando normalmente cuesta entre Q75 y Q100. Los que producen en gran cantidad se han aprovechado de la situación de escasez vendiendo el producto más caro”.

En cuanto a la situación alimentaria en Olopa (Chiquimula) – otra de las regiones en las que acompaña PBI –, hay que decir que este año ha mejorado. Hablamos con Ubaldino García4, coordinador del Consejo Indígena Maya Ch'orti' de Olopa, que nos comparte que este año la lluvia ha sido muy favorable para las comunidades. Además, gracias a la lucha de la Resistencia contra la mina que operaba en la región, se pudieron suspender sus actividades y esto ha hecho que hubiese más agua disponible para las familias. A pesar de que señala que aquí también hay variaciones extrañas con respecto a la época de lluvias, en 2023 no hubo sequías muy severas, así que lo que se sembró se logró cosechar. “Fue un año de muy buena cosecha en la parte baja de Olopa”. Sin embargo, el clima favorable de este año no asegura alimentación suficiente para la mayoría de la población, pues la tierra de la que disponen para sembrar es escasa. Según Ubaldino, el despojo histórico de tierras que han venido sufriendo en esta región, es la causa originaria de la falta de seguridad alimentaria. “Las familias tienen muy poca tierra para cultivar. Y la tierra baja5 da solo para sembrar granos como maíz, frijol y café, y muchas veces no alcanza la siembra y la cosecha para el año. Mientras, en la tierra alta6 solo se siembra café, por lo que dependen de que esté a buen precio para venderlo y comprar productos para la alimentación. Entonces las familias suelen endeudarse, piden dinero a sus patrones, el cual planifican devolver con la venta del poquito cultivo de café que tienen”. Sin embargo, este año la situación del café ha sido complicada “porque su precio está muy bajo, a la mitad del precio del año pasado. Esto tiene serias consecuencias para la alimentación de las familias y de la niñez porque el café es el único cultivo y la cosecha solo es una vez al año, así que todo el año hay que cuidarlo, limpiarlo, fertilizarlo... Y si al final no hay un buen precio, es difícil saldar la deuda.” Entonces, “a pesar de que Olopa, por ser el municipio más alto de la región, tiene mejores tierras y mejor clima, tiene un modelo de cultivo que pone en riesgo la situación alimentaria en general y particularmente de la niñez”.

Este contexto de inestabilidad y precariedad, fomenta la necesidad de migrar hacia el norte, donde el trabajo está mejor pagado, para poder sostener la vida. “Ahora en Olopa hay muchas familias que están migrando, mucha gente joven y muchos integrantes de la Resistencia. Para financiar la migración la mayoría de la tierra está embargada por los pagos a los coyotes. Y no siempre la migración resulta exitosa, así que muchas familias han perdido su tierras. Y eso conlleva que la situación alimentaria sea más complicada”.

Causas de la crisis alimentaria y propuestas para hacerle frente

Para entender mejor la situación, sus causas y algunas de las propuesta para hacerle frente, conversamos con David Paredes, ambientalista, activista por el derecho a la alimentación y coordinador de la Red Nacional por la Defensa de la Soberanía Alimentaria en Guatemala (REDSAG). Todavía no tienen datos oficiales del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) de 2023. La información de la que disponen proviene de la observación directa en el campo, donde ha habido pérdidas importantes en los cultivos de maíz. Esto “se debe especialmente a la irregularidad de las lluvias, uno de los impactos de la crisis climática que estamos viviendo. La sequía, que imposibilita el crecimiento de las plantas, o, al contrario, la existencia de plagas debido al exceso de lluvias, están provocando la pérdida de cultivos. Una de las consecuencias importantes es la subida de los precios del maíz y el frijol y de algunos vegetales en el mercado, lo que afecta a la economía de las familias.”

Según apunta Paredes, las causas de la crisis alimentaria actual tienen raíces profundas y sistémicas. En los años sesenta del siglo pasado se inició la implementación de la llamada “revolución verde”, que determinó “la trasformación del modelo de producción agrícola introduciendo el uso masivo de agroquímicos. Al principio supuso un incremento de la producción, pero con el paso del tiempo determinaron la necesidad de utilizar una cantidad cada vez más elevada de los mismos porque, bajo este modelo, el suelo necesita cada vez más químicos para poder mantener el nivel de producción, al mismo tiempo que disminuye su calidad. La dependencia de insumos químicos encarece la forma de producción y muchas familias campesinas no cuentan con suficientes recursos para acceder a éstos. Si a lo anterior le sumamos la crisis climática que nombramos antes, tenemos como consecuencia que muchos campesinos y campesinas se ven obligados a migrar para buscar otras oportunidades de generar ingresos para comprar alimentos, en lugar de producirlos”.

Para hacer frente a esta situación la REDSAG propone la defensa de la soberanía alimentaria7, que “es el derecho de los pueblos a producir sus propios alimentos según sus propias formas. Tiene que ver con la larga tradición de producción de alimentos de los pueblos indígenas. Defiende el agua, la tierra, el territorio, las semillas y los conocimientos ancestrales. La agroecología es el sistema de producción de alimentos que permite caminar hacia la soberanía alimentaria en un marco de sostenibilidad, conservación de la biodiversidad y fomento de la producción campesina local frente al modelo agroindustrial de exportación e importación de alimentos”. De hecho, varias organizaciones campesinas e indígenas llevan años apostando por recuperar prácticas ancestrales y de agroecología como manera de salir de la situación de inseguridad alimentaria”.

Según Abelino de CCR, la práctica de establecer y mantener “huertos familiares nos ayuda a mejorar la alimentación de los niños y niñas, porque se siembra hierba mora, chipilín, ayote, yuca, camote, malanga, tomate, chile, zanahoria, remolacha, cebolla, diversas hierbas, pepino de ensalada, pepino dulce, melón criollo... Todo eso ayuda para que las familias puedan alimentar a sus hijos. Así hemos visto cómo la niñez va superando la desnutrición”. Ante la falta de agua de lluvia en la Costa Sur, las familias reutilizan el agua con la que lavan los trastes, entre otras, para regar el huerto. “Los huertos para nosotros tienen una gran importancia, pues las familias que tienen poca agua ya no carecen de alimentación”. Para el próximo año, el CCR quiere implementar cosechadores de agua8, ofreciendo el material para construirlos en cada casa.

William de la UVOC comparte que en los huertos familiares cultivan legumbres, camote, zanahoria, tomate, cebollín, cilantro, perejil, apio y plantas aromáticas. Algunas familias logran vender parte de los productos de los huertos familiares en mercados solidarios que se organizan entre vecinos o en el mercado municipal. “Yo calculo que con los huertos familiares disminuimos un 30% la escasez de alimentos. La siembra de estas verduras y plantas ayuda a la economía de las familias, pues así no tienen que comprar los alimentos”. Además, “hemos implementado el uso de abono orgánico porque hay que cuidar los suelos y la naturaleza. También hemos implementado el uso de tinacas9 en comunidades donde escasea el agua y donde no hay agua entubada. En las orillas de los techos de las casas se instalaron canales que captan el agua de lluvia y la lleva, a través de tubos, a las tinacas. Así las familias tienen agua en casa para usarla en la cocina, para regar sus plantas y darle de beber a sus animales”.

David de REDSAG comenta que “la política agraria que se aplica en Guatemala, y las medidas para combatir el hambre, siguen un camino totalmente opuesto al que planteamos desde los pueblos. El Estado no reconoce la importancia de la labor campesina y de su producción a pequeña escala que, según la FAO [Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura], brinda el 70% de los alimentos que se consumen en el mundo. Guatemala votó en contra de la declaración de los derechos campesinos10, lo cual es totalmente ilógico si pensamos que el mayor sector productivo en Guatemala son los pequeños productores, mientras que los monocultivos no alimentan a la población. El MAGA ha pasado fondos del presupuesto del Programa de Agricultura Familiar para el Fortalecimiento de la Economía Campesina a un programa asistencialista de entrega de alimentos, lo que significa que, en lugar de apoyar financieramente la producción de alimentos de calidad, el Estado utiliza los fondos públicos para regalar alimentos de baja calidad, como aceite de palma y alimentos industriales procesados que no necesariamente son nutritivos, pero quitan el hambre. Eso hace la política de seguridad alimentaria del gobierno de Guatemala: quitar el hambre a la gente sin importar el origen de los alimentos. Mientras la soberanía alimentaria plantea que existe un conocimiento ancestral, una historia de agricultura milenaria de los pueblos que es la base de los alimentos que nos mantienen con vida”. Lo mismo pasa en relación al sistema de producción. El MAGA, en lugar de implementar la Estrategia Nacional para el Desarrollo de la Producción Orgánica y Agroecológica, elaborada en colaboración con varias organizaciones, prefiere trabajar con programas asistencialistas de entrega de abonos y semillas híbridas que usan un alto porcentaje de químicos, que afectan al suelo y al agua y, en consecuencia, a la salud de las familias, y que incluso, en algunos casos, están prohibidos en otros países. Estos programas no han dado los resultados buscados. Ahí están los índices de malnutrición para demostrarlo.”