Numerosas comunidades indígenas y campesinas, comprometidas con la defensa del territorio y los bienes naturales, están denunciando la intervención de compañías privadas en diversas áreas geográficas mediante la imposición de proyectos extractivos (mineros, hidroeléctricos, petroleros, monocultivos, etc.), que no han sido consultados o que, habiéndolo sido, no cuentan con el consentimiento de las comunidades y pueblos indígenas afectados. En el marco de los procesos de resistencia social y comunitaria que ante ello se articulan en el país, han sido denunciadas numerosas violaciones de derechos humanos, así como ataques en contra de quienes los defienden. Las características del contexto reflejan la necesidad de mantener la atención internacional sobre la situación de los DDHH en Guatemala y de las personas que los defienden, preocupando especialmente la situación de actores sociales que defienden la tierra, el territorio y los bienes naturales, y que luchan por los derechos colectivos de los pueblos indígenas.

Este enfoque es en el que se engloban la mayoría de organizaciones, colectivos y comunidades acompañadas:

la Central Campesina Ch’orti’ Nuevo Día en el departamento de Chiquimula,

el Consejo de Comunidades de Cunén en el departamento del Quiché,

la Plataforma Urbana Multisectorial Chinautla en el departamento de Guatemala,

la Resistencia Pacifica de Cahabón en el departamento de Alta Verapaz,

la Resistencia Pacifica de la Laguna en el departamento de Guatemala,

la Resistencia Pacifica de la Puya en el departamento de Guatemala,

la TZK'AT Red de Sanadoras Ancestrales del Feminismo Comunitario desde Ixmulew que trabaja en todo el país.