Contexto socio-político: en un semestre marcado por la contienda electoral, sigue el deterioro de la democracia y el estado de derecho

El 2023 inició con numerosas expresiones de preocupación por parte de la comunidad internacional por el creciente deterioro de la democracia en Guatemala vivido durante los años del gobierno de Alejandro Giammattei. Instituciones como Human Right Watch (HRW) señalaron que el gobierno Giammattei y sus aliados desarrollaron un “aparente intento de evitar la rendición de cuentas por corrupción generalizada, incluso en los más altos niveles del Estado”. Para ello designaron, mediante procesos de selección “ni justos ni transparentes”, a personas acusadas en casos de corrupción e incluidos en la lista de Actores Antidemocráticos y Corruptos de Washington (llamada Lista Engel)1 en puestos claves como el de la Fiscalía del Ministerio Público (MP), la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) y del Procurador de Derechos Humanos (PDH).

Según HRW, durante su mandato, la Fiscal del MP, Consuelo Porras, obstaculizó investigaciones sobre corrupción y violaciones de derechos humanos. Realizó traslados y despidos de fiscales e impulsó procesos penales espurios contra jueces, fiscales y periodistas independientes. En la misma línea, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresó la profunda preocupación que despierta el hecho que, quienes luchan para la rendición de cuentas por graves violaciones de derechos humanos en Guatemala, sean los que están siendo perseguidos y procesados, así como demuestran los números casos de criminalización o de exilio de operadores de justicia. Según la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), esta situación está acompañada y agravada por una general restricción de la libertad de expresión con “investigaciones penales contra periodistas que parecen ser motivadas por razones políticas”.

En este contexto político, durante el primer semestre de 2023 tuvo lugar el proceso electoral para designar el binomio presidencial, los y las diputadas al Congreso de la República, las corporaciones municipales y los y las titulares al Parlamento Centroamericano. Instituciones como WOLA mostraron desde el inicio del proceso serias preocupaciones por su desarrollo ya que las instituciones responsables de garantizarlo, como el Tribunal Supremo Electoral (TSE), la Contraloría General de Cuentas y el MP, cuentan con autoridades elegidas a través de procesos cuestionados por falta de independencia y que han mostrado un desprecio manifiesto por el estado de derecho. Durante el proceso se llegó a la suspensión, de parte de la justicia, de las candidaturas de Carlos Pineda, Thelma Cabrera y Roberto Arzú, llevando a profundas críticas y polémicas en torno a estos comicios. Según Transparencia Electoral, la principal preocupación ha sido la creencia que estas decisiones no están basadas en principios jurídicos, sino en un intento estratégico por influir los resultados al limitar el campo de elección de la ciudadanía. Frente a estas preocupaciones, desde PBI Guatemala, junto a otras organizaciones internacionales, solicitamos la realización de una misión de observación electoral por parte de la Unión Europea, la cual finalmente tuvo lugar con el nombre de MOE-UE. En su declaración preliminar2 después de la primera vuelta electoral celebrada el 25 de junio, la MOE confirmó las denuncias de que “las elecciones se celebraron en un contexto de serio deterioro del estado de derecho y de la independencia del poder judicial, así como de graves restricciones a las libertades de expresión y de prensa y que controvertidas decisiones del TSE, del poder judicial y de la Corte de Constitucionalidad (CC) condujeron a un número sin precedentes de candidatos y listas excluidas, limitando el derecho a ser elegido de algunos participantes y reduciendo la competencia real. A pesar de este contexto, los votantes demostraron su firme compromiso con la democracia y los valores cívicos acudiendo a las juntas receptoras de votos a expresar su voluntad en una jornada electoral bien organizada”. El resultado fue el pase a segunda vuelta de Bernardo Arévalo del Movimiento Semilla, partido surgido al calor de las movilizaciones ciudadanas de 2015 y con un discurso anti corrupción y socialdemócrata que, finalmente, el 20 de agosto de 2023, ganó las elecciones frente a la candidata del partido Unión Nacional de la Esperanza (UNE), partido señalado de corrupción.

Sin embargo, la situación de preocupación, tensión e inestabilidad no cesó una vez finalizado el proceso electoral, por el contrario, se mantuvo muy alta todo el año, hasta la toma de posesión del nuevo gobierno, el 14 de enero de 2024. De hecho, días después de las elecciones se hizo pública la existencia de un plan para asesinar al binomio presidencial electo. Además, se pusieron en marcha diferentes acciones de judicialización del proceso electoral con el objetivo de inhabilitar al partido ganador, las cuales han sido tildadas de intento de golpe de estado, no solo por el propio Arévalo, si no por la comunidad internacional y por amplios sectores de la sociedad civil guatemalteca.

Con respecto a la movilización de esta última, a inicios de octubre diversidad de autoridades indígenas de diferentes territorios del país comenzaron un Paro Nacional que se mantuvo hasta garantizar que se realizara la toma de posesión del nuevo gobierno. Este liderazgo indígena en defensa de la democracia, obtuvo un apoyo y un reconocimiento amplio y sin precedentes a nivel nacional e internacional. La reivindicación principal que se sostuvo de forma permanente fue la renuncia de la Fiscal General, Consuelo Porras, del director de la FECI Rafael Curruchiche, de la fiscal Cinthia  Monterroso y del juez Fredy Orellana, identificados como principales artífices de los permanentes intentos de golpe de estado.

En marzo de 2023 la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) presentó su informe anual sobre la situación de los derechos humanos en Guatemala, concluyendo que el país sigue enfrentando “desafíos sistémicos y estructurales en relación con la desigualdad y la discriminación, el sistema judicial y la impunidad, el espacio democrático y la promoción y protección de los derechos humanos”. Quienes enfrentan una situación de mayor vulnerabilidad son las mujeres y niñas, las personas LGTBIQ+, así como operadoras de justicia, periodistas y defensoras de derechos humanos.

En relación a operadores de justicia, OACNUDH señaló dilaciones indebidas en los procesos, restricciones a la publicidad de las audiencias y restricciones al ejercicio de defensa por la reserva de casos, acompañadas por campañas de difamación y calumnia en el espacio digital. También señala un deterioro de las condiciones para el ejercicio del derecho a la libertad de expresión, documentando ataques contra periodistas, perpetrados tras la publicación de investigaciones sobre casos donde denunciaban posibles hechos de corrupción.

Con respecto a la situación de la población LGTBIQ+, el Observatorio Nacional de Derechos Humanos LGBTIQ+ registró 17 muertes de personas del colectivo de la diversidad sexual y de género durante el primer semestre de 2023. OACNUDH ha hecho un llamado al Estado guatemalteco para que adopte urgentemente medidas preventivas y de protección ante las cifras alarmantes de estigmatización, acoso, discriminación e índices de violencia que sufre esta población.