Guatemala: datos generales
Guatemala es el país más poblado de Centroamérica, con una elevada proporción de jóvenes y una realidad demográfica extremadamente rica y diversa siendo el componente poblacional mayoritario el compuesto por los pueblos Maya, Xinka y Garífunas (negros venidos de África), que conviven con la población mestiza. A pesar de que Guatemala es uno de los países con mayor población indígena del mundo, desde el momento mismo de la Independencia y partiendo de las raíces heredadas de la Colonia, en Guatemala se configuró un modelo de Estado autoritario y excluyente de las mayorías, racista en sus preceptos y en su práctica, que sirvió y sigue sirviendo para proteger los intereses de los restringidos sectores privilegiados. De todas las características que marcan la naturaleza del Estado guatemalteco, tal vez sea este componente racista y discriminatorio el que más fuertemente se ha conservado hasta la actualidad.
El país se encuentra en la actualidad aún en pleno proceso de transición democrática, tras el fin en 1996 de un conflicto armado interno que duró más de 36 años y dejó profundas secuelas sociales, psicológicas, políticas, económicas y culturales. No es posible comprender el escenario actual sin tomar en cuenta la violencia extrema desatada durante estas décadas, la cual fue calificada desde diversas instituciones internacionales (entre ellas, la Organización de Estados Americanos, la Comisión de Esclarecimiento Histórico, la Misión de Verificación de las Naciones Unidas para Guatemala) como genocidio contra el pueblo maya guatemalteco. A más de veinte años del cierre de este conflicto, varios de los motivos que lo generaron persisten: se mantiene una economía basada en la concentración del poder económico en pocas manos, una estructura estatal débil, con pocos recursos por la escasa recaudación fiscal y altos niveles de corrupción. Además, persisten problemas estructurales como la discriminación racial, la desigualdad social, la violencia machista, una profunda situación de pobreza y exclusión, y falta de acceso a la justicia, los cuales constituyen un obstáculo para el pleno respeto a los derechos humanos. Asimismo, persisten estructuras de poder paralelas que impiden la lucha contra la impunidad, la corrupción y el fortalecimiento del Estado de Derecho.
Contexto socioeconómico. Pobreza y extrema pobreza
Según el PNUD, entre los países latinoamericanos, Guatemala presenta uno de los índices de desarrollo humano más bajos, solamente por encima de Honduras y Nicaragua. Según la Red de Pobreza Multidimensional MPPN, el 61.6 por ciento de las personas viven en pobreza multidimensional. Si apuntamos la atención específicamente sobre las mujeres, vemos que, si bien representan el 51.3% de la población, debido a los roles tradicionales de género y a las estructuras desiguales de poder, se encuentran en desventaja, en cuanto a oportunidades, frente a los hombres. Según ONU Mujeres, sólo el 40% de las mujeres en Guatemala es población económicamente activa y la mayoría trabaja en actividades informales, sin protección social. El 80% de las mismas son mujeres indígenas. Por último, a nivel territorial, los municipios donde trabajan los colectivos y organizaciones acompañadas por PBI tienen los Índices de Desarrollo Humano Municipal IDH-M y los índices de Pobreza Multidimensional IPM entre los más bajos del país y coinciden, en su mayoría, con los de mayores poblaciones pertenecientes a pueblos originarios.
El PNUD advierte que la situación de pobreza en Guatemala se ha incrementado. La gran paradoja es que, a pesar de ser un país con gran biodiversidad, rico en bienes naturales, no logra satisfacer las necesidades básicas de su población. Pese a contar con una de las tierras más fértiles de Latinoamérica, Guatemala ocupa el quinto lugar mundial en desnutrición. En un departamento como Alta Verapaz, donde se concentra el mayor número de proyectos hidroeléctricos, más del 60% de las familias no tienen energía eléctrica y el 53.6% de la población se encuentra en situación de pobreza extrema, la tasa más alta del país. Los datos revelan un país con una estructura de distribución de la renta nacional tremendamente regresiva, con la riqueza concentrada en muy pocas manos. Ello deriva en una desigualdad extrema, que sitúa a Guatemala entre los seis países más desiguales de América. Esta desigualdad estructural golpea principalmente a la población rural y, específicamente a la población indígena, que es la que experimenta los mayores índices de pobreza y extrema pobreza.
El problema del desigual acceso a la tierra en Guatemala es una de las principales causas de la pobreza de la población indígena. Según el informe del PNUD, los pueblos indígenas fueron históricamente despojados de sus territorios originarios y desplazados hacia zonas menos productivas donde les ha sido muy difícil reconstruir sus formas de vida, las cuales no han sido reconocidas, respetadas ni protegidas por el Estado, por el contrario, han sido fuertemente dañadas y les ha sido impuesto un modelo económico basado en la explotación de los bienes naturales. Pese a la obligación contraída por Guatemala con la ratificación del Convenio 169 de la OIT, el Estado de Guatemala ha incumplido sistemáticamente su obligación de consulta a los pueblos indígenas en todas las licencias de proyectos extractivos otorgadas hasta la fecha. Al contrario, los sucesivos gobiernos han deslegitimado las más de 80 consultas comunitarias llevadas a cabo por la población afectada por los proyectos desde el año 2005 hasta la actualidad. Asimismo, a partir de 2020, y después del desmantelamiento de instituciones como la Secretaría de Asuntos Agrarios (SAA), creada con la firma de los Acuerdos de Paz para dar respuesta a la problemática del desigual acceso a la tierra, se ha producido un agravamiento de la conflictividad agraria con un aumento de las amenazas de desalojos de diversas comunidades indígenas, especialmente en los departamentos de Alta y Baja Verapaz.
Este panorama, caracterizado por la desigualdad económica y social, la falta de acceso a la tierra y a recursos productivos, que afectan particularmente a las mujeres, en especial a la mujeres indígenas, garífunas y afrodescendientes, ha generado formas interseccionales de violencia y exclusión basadas en el origen étnico que requieren de una estrategia nacional para superar las desigualdades de género, étnicas y regionales que convergen para imposibilitar el empoderamiento político y económico de las mujeres. El seguimiento a los Acuerdos de Paz, así como el fortalecimiento de leyes, políticas públicas y programas encaminados al mejoramiento de las condiciones de vida de las mujeres continúa siendo necesario.
Asimismo, hay que señalar que, en Guatemala, como en el resto de países con problemas estructurales de desigualdad, pobreza y negación de derechos básicos, la pandemia del Covid-19, iniciada en marzo de 2020, y las medidas adoptadas para frenarla, así como el huracán y la tormenta tropical ETA e IOTA que golpearon la región centroamericana a finales de 2020 impactaron gravemente en las condiciones de pobreza y desigualdad del país, teniendo un impacto negativo en la seguridad alimentaria de las familias, especialmente en los segmentos más pobres y vulnerables de la población, las familias de áreas rurales, y especialmente indígenas, quienes en su mayoría se dedican a la agricultura y han tenido una disminución de sus ingresos y por lo tanto de su poder adquisitivo. Estos hogares tienen menos recursos para hacer frente a la pérdida de puestos de trabajo e ingresos, al aumento de los precios y acaparamiento de los alimentos, por lo tanto, tienen menos capacidad para adaptarse a la crisis. Según el informe “El virus de la desigualdad” elaborado por Oxfam, la desnutrición aguda (DA) se incrementó en 80% entre 2019 y 2020.