En marzo de 2023 la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) presentó su informe anual sobre la situación de los derechos humanos en Guatemala, concluyendo que el país sigue enfrentando “desafíos sistémicos y estructurales en relación con la desigualdad y la discriminación, el sistema judicial y la impunidad, el espacio democrático y la promoción y protección de los derechos humanos”. Quienes enfrentan una situación de mayor vulnerabilidad son las mujeres y niñas, las personas LGTBIQ+, así como operadoras de justicia, periodistas y defensoras de derechos humanos.

En relación a operadores de justicia, OACNUDH señaló dilaciones indebidas en los procesos, restricciones a la publicidad de las audiencias y restricciones al ejercicio de defensa por la reserva de casos, acompañadas por campañas de difamación y calumnia en el espacio digital.

También señaló deterioro de las condiciones para el ejercicio del derecho a la libertad de expresión, documentando ataques contra periodistas, perpetrados tras la publicación de investigaciones sobre casos donde denunciaban posibles hechos de corrupción. En este sentido hay que señalar que en total en 2023 han sido asesinados 5 periodistas, lo que posiciona a Guatemala como el tercer país del mundo con más asesinatos de periodistas en 2023, por detrás de la Franja de Gaza y de México.

Con respecto a la situación de la población LGTBIQ+, el Observatorio por Muertes Violentas de Lambda registró 29 muertes de personas del colectivo de la diversidad sexual y de género durante el 2023, siendo el más violento de los últimos tres años para este colectivo. OACNUDH ha hecho un llamado al Estado guatemalteco para que adopte urgentemente medidas preventivas y de protección ante las cifras alarmantes de estigmatización, acoso, discriminación e índices de violencia que sufre esta población.

En relación a las personas defensoras de derechos humanos, tanto OACNUDH como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han denunciado el incremento de ataques en su contra, especialmente de actos de criminalización. En algunos casos, los ataques se atribuyen a empresas privadas, principalmente palmeras, hidroeléctricas y mineras que han impulsado acciones penales contras autoridades indígenas que defienden su territorio. PBI pudo observar cómo en este contexto las mujeres defensoras se enfrentan además a acoso y violencia sexual sobre sus cuerpos, usada como herramienta de control de su participación en espacios colectivos de defensa de derechos, así como para frenar la defensa colectiva de estos derechos. Esta información ha sido difundida a través de un artículo incluido en el primero de los dos boletines semestrales de PBI de este año.

Frente a estas estrategias PBI pudo observar cómo los juicios que personas defensoras encabezan en contra de quienes violan sus derechos sufren estrategias de dilación judicial. Ejemplo de esto es el caso de la periodista Norma Sancir que denunció abuso de poder de agentes de la PNC contra ella por la detención ilegal que sufrió en septiembre de 2014, mientras informaba sobre una manifestación del pueblo Ch’orti’ en Chiquimula. Nueve años después de los hechos, en el mes de junio de 2023 se celebró la primera audiencia de debate del caso, después que sufriera reprogramaciones de fecha en más de ocho ocasiones.

Por su parte, la Unidad de Protección a Defensores y Defensoras de los Derechos Humanos (UDEFEGUA) ha destacado que el lugar donde ocurre el mayor número de ataques hacia personas defensoras son las redes sociales, respondiendo a una estrategia que “tiene como propósito deslegitimar su voz para que luego puedan ser denunciadas judicialmente sin fundamento alguno y llevar a cabo detenciones arbitrarias e ilegales”.

En cuanto a lucha pacífica llevada a cabo por autoridades indígenas en defensa de los resultados electorales y por tanto de la democracia, es importante señalar que no ha estado exenta de recibir ataques de diversa índole, tal y como ha documentado UDEFEGUA en su informe “Análisis de cifras y reflexiones sobre las agresiones a personas defensoras de DD.HH. y al derecho a la manifestación pacífica, durante el #ParoNacional”. Dicho informe reveló que entre el 2 de octubre y el 30 de noviembre hubo al menos 85 agresiones en contra de personas defensoras de DDHH. Destacan 10 asesinatos e intentos de asesinatos, además de actos de intimidación y vigilancia, persecución judicial y detenciones arbitrarias, difamaciones y estigmatizaciones, entre otras.