En mayo, en uno de los viajes que realizamos con integrantes del Consejo de Comunidades de Retalhuleu (CCR) a varias de las comunidades que lo integran, conocimos la comunidad 15 de Febrero y su historia nos impactó, por lo que volvimos a visitarles un mes después para profundizar en ella1. Llegar hasta allí nos tomó una hora en carro desde la cabecera municipal de Champerico, la última media hora por carretera sin asfaltar. No hay transporte público, por lo que si alguien se quiere desplazar a una comunidad vecina depende de que pase algún vehículo privado que le quiera llevar pagando algo a cambio.

Llegamos a la comunidad y allí nos estaba esperando un grupo de 30 personas, en un rancho que antiguamente hacía las veces de escuela y gracias al cual nos pudimos proteger de un sol ardiente que hace que la temperatura a mediodía llegue a los 40 grados Celsius. Comenzamos la reunión en la cual nos compartieron la historia de la comunidad, así como sus preocupaciones e inquietudes.

Macario Sánchez cuenta que la lucha de la comunidad por un pedazo de tierra viene de lejos. Las familias provienen de diferentes lugares de los departamentos de San Marcos y Huehuetenango. Lo que les unió fue la necesidad de tierra, pues hasta entonces vivían arrendando, pero llegó un momento en que ya no podían seguir pagando el alquiler. Por eso se instalaron en una parte despoblada y en desuso de una finca municipal, la finca Montelimar, en San Pablo, San Marcos. “Pusimos nuestras champas y empezamos a trabajar la tierra.” Pero después de 2 años, en agosto de 2013, les desalojaron. 800 antimotines de la Policía Nacional Civil (PNC) prendieron fuego a la leña recolectada y quemaron toda la comunidad. Las familias tuvieron que abandonar la milpa y toda su cosecha de maíz, frijol y achiote. Durante 8 meses vivieron en la carretera de La Vega, San Pablo; una iglesia internacional les apoyó con vívieres y productos de higiene. En ese tiempo las familias se organizaron para entrar en contacto con la hoy desaparecida Secretaría de Asuntos Agrarios (SAA), que junto con el Fondo de Tierras (FONTIERRAS) les encontró una finca disponible hacia donde se mudaron, la finca Buena Vista, en La Unión, Tacaná. Era tierra muy fértil para producir banano, café, malanga, papayas, y con suficiente agua. Pero después de 3 años terminó la suerte, porque la SAA y FONTIERRAS no pudieron pagar la cantidad que pidió el dueño por la finca. Fue así cuando les ofrecieron mudarse a la Costa Sur.

En 2017, FONTIERRAS consiguió un terreno baldío y negoció las condiciones del préstamo de Q2 millones (la aportación de las 37 familias de la comunidad)2 con el Banco de Desarrollo Rural (BANRURAL). Se hizo sin contar con la participación de la comunidad ni del Comité de Desarrollo Campesino (CODECA), que en ese momento asesoraba a la comunidad. Este banco es el único de Guatemala que ofrece créditos a la población campesina; se creó con la misión y visión de ser “un grupo financiero orientado al desarrollo rural integral del país, (…) dirigido preferentemente al micro, pequeño y mediano empresario, agricultor y artesano”, ofreciendo una “rentabilidad justa sin descuidar la responsabilidad social”.

Sin conocer las condiciones del préstamo que negoció FONTIERRAS con BANRURAL, el 15 de febrero de 2018, las 37 familias se mudaron con sus animales y pertenencias a las 2,5 caballerías de terreno (1.125.000 metros cuadrados), con titulo comunal a nombre de todas las familias. El terreno ahora cuenta con dos nacimientos de agua, unos 3.500 árboles de mango y los trabajaderos individuales que se encuentran relativamente cerca. En los primeros años un ingeniero agrario de FONTIERRA dio acompañamiento técnico para cumplir con un plan de crecimiento económico destinado a asegurar un ingreso económico y sostenible para la comunidad. Pero los vecinos sienten que FONTIERRAS no tomó en cuenta ni las condiciones de la tierra, ni las climáticas que afectan fuertemente a la productividad.

En la comunidad abundan los árboles de mango llenos de frutos, pero la milpa crece de forma irregular, pues las matas medio desarrolladas se intercalan con matas bajas que no llegan a alcanzar los 30 centímetros de altura. Los últimos 5 años la cosecha no fue buena, por ello no hay mucho optimismo para la cosecha de este año: “si llueve mucho se quedan los charcos de agua y se pudren las matas y si no hay agua se muere la siembra. No se entiende esta tierra”, comparte resignada Leida Roblero, que ha acudido a la cita con nosotras para contar su lucha por sobrevivir en esta tierra que presenta múltiples desafíos, como la falta de luz eléctrica y de agua entubada. Además, la cercanía de los ingenios azucareros El Pilar y Magdalena incrementa fuertemente la escasez de agua y la contaminación de la tierra, problemas que cada año crecen más y generan una fuerte incertidumbre y vulnerabilidad en la población que se pregunta: “¿por cuánto tiempo más viviremos acá?”. Tienen temor a ser desalojados a finales de este año, pues no están pudiendo pagar ni la deuda ni los intereses del préstamo de la compra de esta tierra, que apenas les permite asegurar la sobrevivencia de sus familias. Cada familia tiene una deuda de unos Q90mil, a lo que hay que sumar Q5mil de intereses anuales por familia.

Míriam Yolanda Pérez Chávez señala que después de la milpa sembraron ajonjolí, pero que ahora se paga muy poco por él. “Los coyotes3 nos dan Q300 por quintal, no pagan nuestro esfuerzo. El año pasado levantamos solamente 75 libras de ajonjolí en una manzana, cuando normalmente cosechamos 11 quintales por manzana; el resto se perdió por el exceso de la lluvia”. El clima en esta zona es extremo y siempre afecta a las cosechas, prevalece la fuerte sequía, pero cuando llueve lo hace de forma torrencial que también afecta a los cultivos. Y el mango, aunque siempre se da, se desperdicia también mucho porque al no haber transporte regular acaba madurando y perdiéndose antes de conseguir venderlo en los mercados. “Cuando llueve no llegan carros, no pueden entrar hacia la comunidad por la inundación de la carretera.” El mango es la única fruta que ha crecido abundantemente en los últimos años. Míriam señala que por 100 mangos les pagan Q15 o Q20, cuando en la capital se pagan Q10 por 3 mangos. Al precio que se los pagan no les tiene cuenta, pues además, sacar adelante la producción requiere diversas inversiones: “Q755 en veneno para matar la mala hierba; Q200 vale el fertilizante más barato; y Q50 para el pasaje al mercado”. Con orgullo cuenta que el año pasado logró juntar Q5mil para pagar los intereses al banco.

Severino Armando Carreto, el más anciano de la comunidad, cuenta que hace cinco años no tuvieron otra alternativa que aceptar esta tierra. Sin embargo resultó ser “tierra seca”. “Llegamos aquí ciegamente; a primera vista, con los árboles de mango, nos gustó, nunca pensamos que era corredor seco, que la sequía sería inmensa. Sin embargo aquí es verano todo el año, casi nunca llueve. Al año de llegar algunas familias se fueron, porque no aguantaron el calor; pero nosotros queremos seguir aquí”. Cuenta que al inicio FONTIERRAS les facilitó los servicios de un ingeniero que les asesoró para el desarrollo de la comunidad y que les dieron subsidios comunales durante los primeros años. “Nos dieron para mantener y vender cerdos, pero comían mucho y no logramos comprar el concentrado necesario para alimentarlos. Y les teníamos que dar agua de los pozos, pero para alimentar los pozos había que comprar gasolina, que era muy cara. Así que hicimos las cuentas y salíamos perdiendo con la crianza de marranos. Luego nos dieron un subsidio para criar pescado, pero para llenar la piscina con agua había que gastar en la gasolina para alimentar la bomba y no teníamos suficiente dinero, así que se nos murieron, porque no tenían suficiente oxígeno. No nos funcionó todo eso, así que nos dedicamos al mango, pero como no hay transporte público, no podemos sacar el producto al mercado. No hay manera a que el alcalde asfalte la carretera ni que nos provea un tanque de agua para las casas o, al menos, para los baños de la escuela o un panel solar para tener luz para alimentar la bomba de agua. En estos cinco años que han pasado, nos han tenido en el olvido”.

Isabel Sandoval recuerda cómo fue la compra del terreno. FONTIERRAS hizo el convenio con el banco, pero sin compartir información con la comunidad. “No nos hizo saber cuánto tendríamos que pagar por año, pues de saberlo hubiéramos pensado más en este trato. La necesidad en nuestra comunidad es grande; cuando FONTIERRAS declaró el terreno para uso campesino no pensó como campesino. La tierra era productiva, pero los proyectos que nos facilitaron no fueron aptos. De esta manera están perjudicando al pobre. Supuestamente FONTIERRAS ayuda a campesinos pobres que no tienen dinero para comprarse una cuerda, pero en este caso nos metieron en una deuda. No logramos pagar los intereses anuales. Y sí no pagamos la deuda ni la mora, entonces lo que va a hacer el Fondo de tierra es desalojarnos, y la tierra se la va a quedar el banco.”

A partir de 2019 la situación empeoró considerablemente. Ese año hubo una fuerte sequía y se perdió todo el cultivo de milpa y ajonjolí, pero FONTIERRAS no tuvo en cuenta esta pérdida y la respuesta que les dieron fue que “con el clima no se puede pelear”. En 2020 llegó la pandemia Covid-19 que causó la pérdida de toda la cosecha de mango, valorada en unos Q150 mil (Q1 por mango), pues debido a la cuarentena declarada por el gobierno no había transporte para llevar los mangos a los mercados. Además se incendió el potrero y se quemó todo el pasto. La comunidad valoró la pérdida en Q900 mil, incluyendo el trabajo de mano de obra y los materiales. “Investigamos sobre la causa del incendio y creemos que fue por la quema de caña que se llevó a cabo en el terreno vecino y que se trasladó a nuestro terreno, pero los empresarios lo negaron. Y como las leyes solo favorecen a los ricos, no pudimos reclamar nada”.

Isabel vive con su madre, su esposa y sus cuatro niñas y niños. La más pequeña tiene dos años y pesa 17 libras. En una ocasión vino personal de un centro de salud a medir a la niñez de la comunidad; hubo varios diagnósticos de desnutrición, pero ahí quedó la cosa, no escucharon nada más de parte de ninguna institución estatal. “Los niños en esta comunidad están sufriendo de hambre, tienen desnutrición, hasta desnutrición aguda. ¿Y por qué? Porque los papás dedican lo poco que tienen a pagar al banco y ni aun así les llega. No alcanza para comer bien, vivimos en extrema pobreza. Lo padres no tienen un trabajo, solo se dedican a sus terrenos..., si el cultivo fuera bueno, a lo mejor se podría vender, pero no es el caso. Y como los ancianos no tienen capacidad de producir, la deuda se queda con sus hijos”.

Macario Sánchez no aguanta su enojo: “FONTIERRAS se ha olvidado de nosotros. El Estado nunca se preocupa por su gente. Los políticos se enriquecen pero no piensan en la gente, en que tengan una vida digna, estamos en un total abandono. Vivimos en casa de lamina, plástico y palma. Guatemala es tan rica, pero su gente vive en pobreza.” Todas las personas presentes comparten esta afirmación. Les parece injusto que estén sometidos a una deuda debido a la mala negociación entre FONTIERRAS y BANRURAL, en la cual la comunidad no participó. El no poder enfrentar el pago es lo que les causa el miedo al desalojo.

Leida Roblero señala que todo el mundo trabaja la tierra, mujeres, hombres y niños, pues esta estuvo abandonada durante 15 años y necesita mucha limpieza. Además, la tierra contiene tóxicos porque anteriormente se utilizó para la producción de algodón y de ganadería, además de estar rodeada de ingenios de azúcar que fumigan con veneno sobre sus plantaciones de caña. Así que la tierra y el agua mantienen niveles altos de contaminación. “Nos entregaron una finca que llevaba abandonada 15-20 años, y trabajamos para hacer cultivable la tierra”.

Con respecto al agua Míriam comenta que solo tuvieron un pozo, pero que el agua estaba muy sucia, saldada y contaminada. “Vino una vez una ingeniera, de FONTIERRAS de Mazate, para revisar el agua del pozo. Nos confirmaron nuestra sospecha, que no era apta para tomar, que estaba contaminada con bacterias, pero no hicieron nada. Aquí todos tenemos problemas de salud por el agua”. Doña Catalina, abuela de cuatro niños dice que todos sufren desnutrición por tomar esa agua, “están mal del estómago siempre”. Además, según señala Leida “inicialmente, con el pozo artesanal se logró agua para todas las familias, pero un pozo no fue suficiente, así que se perforó otro con la ayuda de una iglesia de EE.UU., pero solo funciona con bomba y se necesita electricidad. No tenemos un tanque de agua elevado para suministrarla a las casas de toda la comunidad. Ahora jalamos el agua que está a 16 metros de profundidad, manualmente, lo sacamos nosotras las mujeres que la necesitamos todos los días; llenamos los tinacos y la usamos para cocinar y para lavar ropa”, a pesar de estar contaminada.

La comunidad se siente engañada: “En algún momento se comprometieron a ayudarnos a salir adelante, pero el gobierno nos ha olvidado. Después de cinco años las familias han acumulado Q2,5 millones de deuda, más que el préstamo inicial, debido a los intereses. Solo para pagar los intereses tenemos que juntar Q5 mil anuales por familia. Juntar Q5 mil al año significa no poder comprar alimentos ni materiales para la siembra, y nadie se puede enfermar. Vivimos todavía en casas de nailon, palma y lámina, no hemos podido mejorar.” Severino reclama: “cada año nos están sangrando y nosotros no tenemos cómo salir de esta deuda. Si no podemos cancelar la finca, nos van a desalojar”.

Abelino Mejía, líder comunitario e integrante del CCR, quien nos acompañó en esta visita, lleva años acompañando procesos de valoración de terrenos, viendo si son aptos para el campesino o no, y afirma que esta tierra está totalmente sobrevalorada. “Esta tierra no era apta para el campesino. FONTIERRAS tiene que evaluar el suelo y subsuelo antes de una compra. Esta tierra no es apta para una finca productora, sino para ganado – por eso el primer proyecto fue de marranos. Antes fue usada para producir algodón y por eso está tan gastada. FONTIERRAS no dio el acompañamiento necesario a la comunidad basándose en las necesidades reales de las familias”.

El CCR está apoyando a la comunidad. Ofrece apoyo para crear y mantener huertos familiares, cultivos de manglares y les asesora legalmente para enfrentar la amenaza de desalojo. Finalizada la reunión, acompañamos a un grupo de vecinos y vecinas a los manglares, que además de un espacio natural de valor ecológico incalculable, tienen el potencial de ser también una fuente de ingresos para la comunidad, ya que, tal y como explica Abelino, la ampliación del mangle pueda beneficiar a la comunidad: “Si se da mantenimiento al mangle habrá vida, se podrán criar cangrejos, jaibas y camarones que luego podrán ser vendidos en los mercados vecinos. Además el mangle es una fuente de agua, donde hay mangle, hay agua.” El CCR también les quiere acompañar en la negociación con FONTIERRA y BANRURAL para bajar el pago de la deuda.