El Acuerdo sobre Aspectos Socioeconómicos y Situación Agraria (1996) señala que una paz firme y duradera debe cimentarse sobre la base de un desarrollo socioeconómico orientado al bien común que responda a las necesidades de toda la población, con el fin de superar las situaciones de pobreza, extrema pobreza, discriminación y marginación social. Los Acuerdos de Paz desarrollan un conjunto de lineamientos para abordar la situación agraria y el desarrollo rural. Se habla de un objetivo de transformar la estructura de la tenencia y el uso de la tierra.

En el año 2017, más de 20 años después de la firma de la paz, el problema estructural, la injusta distribución de la tierra, que genera los altos índices de pobreza, desnutrición, exclusión, es incluso más pronunciada que al terminar la guerra. El PNUD afirma en 2017 que las inequidades, la debilidad de las instituciones estatales y la concentración de la tierra continúa imposibilitando mejores medios de vida.

Los desalojos forzosos han continuado siendo una preocupación central de organizaciones y comunidades rurales en diversas regiones del país, aun cuando las familias y comunidades están en proceso de negociación y diálogo con la institucionalidad agraria del Gobierno (Fondo de Tierras y Secretaría de Asuntos Agrarios) para regular su derecho al acceso a la tierra.

En este eje acompañamos a la Unión Verapacense de Organizaciones Campesinos (UVOC), que asesora a comunidades que exigen su derecho a la tierra en una región donde prevalece el latifundismo.