La Resistencia pacífica de las comunidades de Cahabón está compuesta por 190 comunidades q’eqchi’ que habitan en la cuenca del río Cahabón. Desde 2015 están organizada alrededor de la defensa del territorio frente a la puesta en marcha de dos proyectos hidroeléctricos (OXEC I y II) instalados sobre el río Oxec, afluente del Cahabón, y operados por la empresa OXEC S.A, perteneciente al grupo Energy Resources Capital Corp (ERCC), registrado en Panamá.

Las comunidades, cuya economía se sustenta en la agricultura, denuncian los impactos sobre su sistema de vida y la negación del derecho al agua por la presencia de los proyectos hidroeléctricos. Piden el respeto de sus derechos colectivos como pueblo q’eqchi’ y que se revoquen las licencias otorgadas a la empresa por haber sido adquiridas sin celebrar una consulta de buena fe, de acuerdo con lo dispuesto en instrumentos nacionales e internacionales de protección de los derechos de los pueblos indígenas. A causa de estas reivindicaciones, las comunidades sufren amenazas, intimidaciones, difamaciones y procesos de criminalización de sus líderes y lideresas.

En su proceso de defensa de derechos, las comunidades consiguieron que, en enero de 2016, la CSJ les otorgara un amparo, obligando a la empresa a suspender toda actividad por falta de consulta. Sin embargo, esta sentencia fue revocada por la CC en mayo del año siguiente, a través de la emisión de una sentencia que permite a la empresa continuar sus actividades, mientras le concede un plazo de un año para realizar la consulta. Esta sentencia ha sido muy criticada, pues contraviene los principio de la consulta a pueblos indígenas que debe ser previa, libre e informada y porqué se realizaría solo en una parte de las comunidades afectadas por los proyectos hidroeléctricos. La sentencia, además, es emblemática ya que, en palabra del mismo presidente de la CC, busca ir más allá de resolver un caso concreto y quiere sentar un antecedente para regular el mismo procedimiento de consulta a los pueblos indígenas. A partir de esta sentencia, el Gobierno de Guatemala inició un proceso de reglamentación de la consulta fuertemente criticado por no ser consultado con los pueblos indígenas y por no tomar en cuenta sus formas de participación.

En respuesta a la emisión de la sentencia de mayo de 2017, y frente a la negación del alcalde de Cahabón de avalar una consulta municipal, las comunidades decidieron organizar una consulta comunitaria de buena fe. A partir de este momento, la conflictividad se ha incrementado en los territorios, así como los ataques hacia las comunidades. Por lo anterior, en julio de 2017, PBI empezó a acompañar a la Resistencia, a través de la observación de sus asambleas, la presencia en las comunidades, la difusión de informaciones sobre este caso y la solicitud de aplicación de medidas de protección para la seguridad de los y las comunitarias con instancias guatemaltecas e internacionales.

El día 27 de agosto, las comunidades celebraron la consulta comunitaria en la cual 26.537 personas se manifestaron en contra de los proyectos hidroeléctricos, frente a tan solo 11 que se mostraron a favor. PBI observó las actividades en coordinación con otras organizaciones de derechos humanos, contribuyendo, según las opiniones de los y las comunitarias, a que estas se realizaran sin violencia, aun en un clima de fuerte tensión.

Después de la consulta, y a solicitud de los y las integrantes de la Resistencia, facilitamos la realización de un taller de seguridad, impartido en idioma q’eqchi’, en el cual participaron 60 personas. El gran interés mostrado por las comunidades en incrementar sus propias capacidades de autoprotección nos ha impulsado a planificar una serie de talleres sobre el tema en diferentes comunidades durante 2018.

El acompañamiento de PBI contribuyó a que los y las comunitarias se sintieran más seguras y pudieran mantener sus acciones en defensa de los derechos del pueblo q’eqchi’, aun en un contexto de fuertes ataques.

Gracias a su visita no me molestan más. No hubo amenazas desde que vinieron a mi comunidad. Parece que mucha gente les vio a ustedes y se dio cuenta de la presencia de PBI. Vivimos ahora más tranquilo. (comunitario de la Resistencia pacífica de las comunidades de Cahabón)

El trabajo de incidencia política realizado por PBI contribuyó también a incrementar las preocupaciones internacionales sobre la situación de conflicto en la zona. Un ejemplo ha sido la visita del Grupo Filtro al territorio del río Cahabón, durante la cual los representantes diplomáticos se reunieron con las comunidades afectadas por las hidroeléctricas, con las autoridades locales y con la empresa OXEC.

Las comunidades siguen exigiendo que se respete su voluntad de que no se implemente el complejo hidroeléctrico Oxec en sus territorios. Frente a las acciones pacíficas de protestas que vienen realizando, el Ministerio de Energía y Minas (MEM) anunció en el mes de diciembre de 2017 haber concluido con el proceso establecido por la CC a través de la realización, en el mes de septiembre, de una consulta en las 11 comunidades directamente afectadas por los proyectos Oxec. El desconocimiento de tal proceso tanto por las comunidades implicadas, así como por las organizaciones sociales que acompañan la Resistencia, y las afirmaciones del Ministro de Energía de que el proceso de consulta no contempla la posibilidad de negar la instalación del proyecto, sino que tiene la finalidad de llegar a acuerdos entre las comunidades, la empresa y el Estado, incrementa las preocupaciones sobre una posible escalada de la conflictividad y sugiere el mantenimiento de la atención internacional sobre el caso. PBI seguirá acompañando a las comunidades en resistencia para que se mantenga abierto para ella un espacio de defensa pacífica de sus derechos colectivos como pueblo q’eqchi’.