En marzo de este año, El Consejo Indígena Maya Ch'orti' de Olopa (Chiquimula), compuesto por 14 comunidades, interpuso una denuncia contra el Estado de Guatemala ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por violaciones a sus derechos como Pueblo Indígena. Asimismo denunció otras 18 ilegalidades que la empresa minera, Cantera Los Manantiales, ha cometido realizando operaciones en su territorio sin que se haya realizado una consulta previa, libre e informada.

“Hemos agotado legalmente el sistema de justicia en Guatemala para poder detener y suspender la licencia de Cantera Los Mananitales”1. Tras un largo proceso legal, en septiembre del año pasado, la Corte de Constitucionalidad (CC) concluyó que el Estado de Guatemala había violentado los derechos del Pueblo Ch’orti’ al no consultarlo, sin embargo permitió que la mina siguiera operando. Las y los integrantes del Consejo, ante esta resolución tan contradictoria, reaccionaron con indignación: “¿Cómo quedamos nosotros?, ¿cómo queda la Resistencia?, ¿cómo quedan las autoridades?, ¿cómo queda nuestro trabajo?, ¿y nuestros compañeros que han sido criminalizados?, ¿y las personas que fueron asesinadas? ¿y las enfermedades que ha provocado la mina?... Para nosotros esta resolución es una burla. Y sobre las otras 18 ilegalidades que la empresa ha cometido, la CC no dice nada.”

Por el momento solo hay rumores en torno a la posibilidad de que la mina reinicie sus actividades. Hoy día la Resistencia está más organizada frente a este proyecto minero y tiene mucha más información que cuando en 2016 la empresa Cantera Las Manantiales comenzó con la minería a cielo abierto para, oficialmente, extraer antimonio, aunque la licencia inicial incluyó también oro, plata, cobre, plomo y zinc, entre otros. En 2018 la empresa tuvo que parar sus operaciones porque el Ministerio de Medioambiente y Recurso Naturales (MARN) emitió un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) certificando que la mina no cumplía con los requisitos ambientales ni legales. Se pidió la suspensión oficial de la licencia de explotación. Para garantizar el cierre de la mina, la Resistencia se declaró en asamblea permanente e instaló dos plantones pacíficos en las dos entradas a la mina. Además, en 2019 interpuso un amparo ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para denunciar la violación a su derecho, como Pueblo Indígena, a la consulta previa, libre e informada.

 

“Estamos convencidos de que todo lo que pueda contribuir a defender nuestra tierra, nuestro territorio, lo vamos a hacer. Lo vamos a aprender. Hemos aprendido recientemente sobre todas las demás minerías, las energías renovables, la transición energética y todo eso. Hemos necesitado años para entender la explotación, el sistema de extractivismo, y ahora resulta que está cambiando. Y eso es bien impactante, eso significa que las ganas de seguir explotando nuestros territorios está; hay más de 30 licencias de exploración; solo en Olopa hay 3. Pero todo eso es parte de nuestro compromiso para defender nuestro territorio y aquí estamos”.

 

Todos estos años las y los integrantes del Consejo y de la Resistencia se han tenido que enfrentar a diferentes tipos de agresiones como amenazas, vigilancia, más de 30 procesos de criminalización y los asesinatos de los compañeros Elisandro Pérez y Medardo Alonso. “Hemos interpuesto denuncias por las agresiones cometidas por integrantes de la seguridad de la empresa, pero el Ministerio Público (MP) ha desestimada todas”. En lugar de investigar estas denuncias, el MP se ha dedicado a criminalizar a más de 30 integrantes de la Resistencia en diferentes procesos; el año pasado 5 personas, acusadas por el delito de detención ilegal, fueron declaradas no culpables por el juzgado de primera instancia, pero el MP decidió apelar. Los próximos meses se espera que tengan lugar las audiencias correspondientes2.

En un salón de la iglesia de una de las comunidades que participa en la Resistencia, nos reunimos con 8 de sus integrantes que nos compartieron sus sentires acerca de la resolución de la CC y de la denuncia ante la CIDH. Doña Carmelita, que además de participar en la Resistencia es autoridad ancestral y una gran luchadora, muy apreciada y respetada por sus compañeras y compañeros, nos expresó su frustración de la siguiente forma: “Ahora nos hablan de consulta, pero ¿cómo va a ser si ya se metieron en nuestra casa?, ¿ahora piden consulta?, ¿para hacernos el mismo daño de nuevo? Yo estoy totalmente convencida de que sea quien sea quien venga a explotar, la misma problemática la vamos a tener nosotras, las mismas enfermedades, la misma sequedad. Ya no hay nada. Entonces, si les vamos a dar este permiso que ellos quieren, ¿cómo nos vamos a quedar nosotras? Si ya hay un desierto. A nosotros no nos va a traer desarrollo o bienestar. Son puras mentiras. Aquí nacimos, aquí crecimos y aquí estamos defendiendo; quienes tienen que irse son ellos, no nosotros. Cuando se metieron en nuestro territorio nos violaron el derecho. Y ahora quieren el permiso cuando ya abusaron, ya nos hicieron el daño... Si ya nos quitaron un brazo, ¿cómo nos lo van a poner nuevamente? Estamos cansados de tantas mentiras, nuevas caritas pero los mismos actores.”

Cuando las autoridades ancestrales se dieron cuenta de la contaminación, al poco tiempo de que la empresa inició sus actividades, alertaron a sus vecinas y vecinos de las comunidades cercanas a la mina. “La gente, los mismos vecinos que estaban a favor de la empresa, se burlaron de nosotros. Nos preguntaron, ¿y que saben ustedes que no son doctores para hacer estudios, para saber qué está matando a los animales, qué trae las enfermedades, los granos en la piel de los niños? Nosotros les dijimos que es la contaminación del agua, el aire y el polvo. Y fue solo hasta que en el año 2018, un doctor de la capital vino a vivir acá y padeció la muerte de sus animales por tomar agua del río, que se reconoció que había una conexión entre esto y las actividades de la mina. A partir de ese momento sí nos creyeron y cambiaron su actitud hacía la Resistencia”.

El EIA del MARN de 2018 constató la contaminación del aire, el agua y la tierra, causada porque la empresa violó las condiciones de la licencia que les fue otorgada: no tenía permiso para dinamitar en el lugar de explotación y lo hizo; lo mismo pasó con el procesamiento de los productos extraídos y de los desechos tóxicos. Para deshacerse de los desechos los tiró en los calles, en las orillas de los ríos y hasta en el campo de futbol.

Esto ha tenido fuertes impactos negativos en la salud de la población y en toda la vida en el territorio. “En la quebrada se murieron los peces, en el campo se murieron los animales y nos llegaron las enfermedades por andar en las calles, por respirar el aire, tomar el agua de las fuentes, por comer nuestras cosechas contaminadas. Ya no hay salud, solo hay enfermedades”.

Para atender las enfermedades generadas por la actividad de la mina durante todos estos años, solo ha existido un puesto de salud, ubicado en la comunidad La Prensa, “pero si uno va por allí no le dan medicina y solo hay un enfermera. Y ella ha reconocida los síntomas porque ya los había visto en otras regiones con minería y por eso sabemos que la enfermedad es provocada por la mina. Ya no necesitamos más enfermedades, ya tenemos suficiente con lo que nos dejaron la primera vez. Por eso nosotros no queremos dialogo, ¿para qué vamos a dialogar si ya nos dejaron la enfermedad, la contaminación?, ¿para qué? Nos van a decir que esto y el otro, pero ya nos engañaron y nos van a venir de nuevo con que hoy sí va a venir el desarrollo, va a venir la salud. ¡No! El bienestar se lo llevan ellos, porque sacan toda la riqueza de nuestra tierra, y nuestras siembras de maíz y frijol ya no nos dan mucho producto por los impactos que dejó la mina. Ya no hay cosecha sana porque está contaminado todo el suelo. Pero lo tenemos que consumir, pues sino, ¿qué vamos a comer? Ya no queremos más explotadores en nuestro territorio. ¡Que se vayan, que se vayan, ya no los queremos! Nos han dañado muchísimo, muchísimo. Mi hija murió hace dos años porque la mina la enfermó. Sus hijos se han quedado huérfanos, y eso ¿cómo la van a reponer?”

“Donde está la mina, antes había un gran bosque, vertientes y pozos de agua; ahora, no hay nada. Desde que empezaron a explotar con dinamita no hay nada. El agua ahora nos llega de una comunidad de arriba, donde compramos una vertiente. Pero ya no es mucha porque las vertientes de arriba se están consumiendo y si siguen explotando, vamos a terminar en un desierto”.

1Entrevista a integrantes del Consejo Indígena Maya Ch'orti' de Olopa realizada el 16 de abril de 2024. Todas las citas textuales han sido tomadas de esta entrevista grupal.

2Para saber más sobre los casos de criminalización contra integrantes del Consejo, véase: “Casos de criminalización en torno a la Cantera Los Manantiales, en el municipio de Olopa, departamento de Chiquimula”.