A principios de 2023 empezamos el acompañamiento a la Asociación de Familiares de Detenidos y Desaparecidos de Guatemala (FAMDEGUA). Este acompañamiento no es totalmente nuevo, pues ya acompañamos a esta organización a inicios de los años 90. De hecho, una de las primeras organizaciones que acompañamos en Guatemala, fue el Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), del cual nació FAMDEGUA en 1992. Entre sus fundadoras se encuentran Aura Elena Farfán (hermana de Rubén Amilcar Farfán, estudiante de la Universidad de San Carlos), Blanca Rosa Hernández (madre de Oscar Hernández, bombero) y Marcia Méndez (hermana de Luz Haydée Méndez, estudiante y madre). Ellas, junto con otras hermanas, madres, padres, hijas e hijos de personas desaparecidas, iniciaron su búsqueda incansable a principios de los años 80. Además, desde entonces han brindado apoyo moral y legal a multitud de familias y comunidades que sufrieron todo tipo de violaciones de derechos humanos, perpetradas por fuerzas del Estado durante los años más crueles del Conflicto Armado Interno.
Entre estas familias y comunidades, destacan los y las sobrevivientes de la masacre del parcelamiento Las Dos Erres, ubicada en el municipio de La Libertad, departamento de Petén. Dicha masacre fue perpetrada los días 6, 7 y 8 de diciembre de 1982 por unos 50 kaibiles (cuerpo de élite del ejército), que para confundir a la población se vistieron como guerrilleros. Asaltaron, torturaron, violaron y mataron a más de 200 personas y depositaron sus cuerpos en un un pozo de agua. Entre 1994 y 1995 FAMDEGUA llevó a cabo el proceso para la primera exhumación de los restos de las víctimas. Las personas que participaron en este proceso recibieron múltiples amenazas de muerte. Las investigaciones en torno a este caso se dilataron sin dar resultados, por lo que en septiembre de 1996 FAMDEGUA decidió presentar el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y en 2008 ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH). Esta última concluyó en noviembre de 2009, que el Estado guatemalteco incumplió sus obligaciones “frente a graves violaciones a derechos humanos” por, entre otros, falta de una investigación completa y exhaustiva de los hechos alegados de la masacre y de los responsables. Además demandó al Estado de Guatemala “iniciar ex officio y sin dilación una investigación seria, imparcial y efectiva de todos los hechos de la masacre relacionados con la vulneración de la vida, así como respecto a otras afectaciones específicas contra la integridad personal, como las supuestas torturas y actos de violencia contra la mujer con una perspectiva de género”.
Tras la sentencia de la CorteIDH, hubo que esperar dos años hasta que en 2011, el Tribunal de Mayor Riesgo A de Guatemala, presidido por Jazmín Barrios, dictó sentencia condenatoria contra tres ex kaibiles y un teniente por delitos contra los deberes de la humanidad y asesinato. Posteriormente, en 2012 y 2018, otros tribunales condenaron a un ex subinstructor kaibil y a un militar retirado. Las penas que se establecieron fueron de entre 5.000 y 6.000 años de cárcel.
Este año 2023 otros tres ex kaibiles fueron acusados de haber participado en los mismos hechos. Sin embargo, el Tribunal de Mayor Riesgo E, presidido por Abelina Cruz Toscano y con los vocales Otoniel de León y Alida Mariluz Valenzuela, absolvieron a los tres acusados: Gilberto Jordán, José Mardoqueo Ortiz y Alfonso Bulux Vicente. Edgar Pérez, abogado representante de FAMDEGUA, frente a esta sentencia ha señalado que “hay testigos presenciales, hay sobrevivientes de la masacre, a los cuales no se da valor probatorio bajo criterios antitécnicos, antijurídicos, pero sobre todo que revictimizan a los sobrevivientes”. Por ello han apelado esta sentencia y actualmente están pendientes de la resolución de la misma.
Otro caso importante para quienes integran FAMDEGUA, por ser las víctimas sus propios familiares, es el del Diario Militar. La acusación incluye la desaparición forzada, ejecución extrajudicial, detención arbitraria, tortura y abuso sexual de al menos 195 personas, durante el gobierno militar de Humberto Mejía Víctores (1983-1986). Las audiencias de primera declaración de este caso tuvieron lugar durante el primer semestre de 2022 en el Juzgado de Mayor Riesgo A, presidido por el juez Miguel Angel Gálvez Aguilar. En mayo, Gálvez ligó a proceso a nueve ex-militares y policías por crímenes contra la humanidad y desaparición forzada, entre otros. Seis meses después, en noviembre del mismo año, el juez tuvo que salir al exilio por amenazas de muerte y por el proceso de criminalización impulsado contra él por actores ligados a veteranos militares. En 2023 jueces interinos que se hicieron cargo del caso cambiaron las medidas coercitivas impuestas a los sindicatos por arresto domiciliario, amparando su decisión en los supuestos quebrantos de salud de los acusados y en su avanzada edad, a pesar de que crímenes de esta índole no permiten medias sustitutivas.
Durante este primer año hemos acompañado a FAMDEGUA en varios viajes a Petén, donde se dieron las audiencias del caso Las Dos Erres, así como a las audiencias del caso del Diario Militar, que tuvieron lugar en Ciudad de Guatemala. También les hemos visitado regularmente en su sede.