(tomado del Boletín 46, diciembre 2021)

Los primeros casos de COVID-19, detectados en Wuhan, China, fueron reportados a la Organización Mundial de la Salud (OMS) el 31 de diciembre de 2019 y, el 11 de marzo de 2020, la OMS declaró la pandemia. Esta situación ha supuesto un gran desafío para todos los países y gobiernos del mundo, que han tenido que reaccionar de forma rápida para minimizar los contagios, intentar evitar el colapso de los sistemas sanitarios y amortiguar la crisis económica que, una vez más, la está sufriendo con especial virulencia la población que vive en condiciones de pobreza y vulnerabilidad.

El primer caso de COVID-19 conocido en Guatemala fue reportado por el presidente de la República, Alejandro Giammattei, el 13 de marzo de 2020, pero ya desde la semana anterior se comenzaron a establecer medidas para contener la pandemia. Se decretó Estado de Calamidad Pública, que se tradujo en límites a los derechos de libre locomoción y reunión, así como el establecimiento de precios mínimos y máximos para los productos relacionados con la prevención, tratamiento, contención y respuesta al COVID-191. Un par de semanas después el gobierno instituyó cierre de fronteras y toque de queda entre las 4 pm y las 4 am2.

Paralelamente a las disposiciones instituidas por el gobierno, las comunidades tomaron la iniciativa de resguardarse estableciendo sus propias medidas de prevención3, lo que contribuyó a que durante 2020 la expansión de la pandemia fuese muy lenta. Sin embargo a finales de ese año, con la apertura del país y el levantamiento de las restricciones a partir de septiembre, el ritmo de contagios se aceleró y la pandemia se propagó por todo el territorio4.

Desde el inició de la pandemia, varios decretos gubernativos establecieron diversas restricciones para intentar frenar su avance. Las consecuencias de la pandemia y de la gestión que de ella ha hecho el gobierno, han sido valoradas por diferentes sectores de la sociedad civil como graves, especialmente para las comunidades y la población más empobrecida. Según Lesly Ramírez del Centro de Estudios para la Equidad y Gobernanza (CEGSS), las medidas del gobierno tuvieron poca pertinencia y mucha falta de consideración hacia la población rural.

Urge un plan de sensibilización e información eficiente

Para enfrentar una situación de la magnitud de una pandemia, es clave que la información llegue a toda la población de forma pronta y clara. El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social de Guatemala (MSPAS) aseguró que la información sobre el COVID-19 estaba llegando a la población a través de campañas de sensibilización5. Sin embargo, Lesly Ramírez denuncia que no existe una estrategia de comunicación que proporcione la información adecuada, ni sobre la enfermedad, ni sobre las vacunas. En un estudio realizado en diciembre de 2020 por el CEGSS y la Red de Defensores del Derecho a la Salud (REDCSALUD), basado en una muestra de servicios de salud de cinco departamentos (Sololá, Totonicapán, Huehuetenango, Quiché y Alta Verapaz), sólo el 39% de la población consultada afirmó haber visto o escuchado mensajes de campañas oficiales de información sobre la prevención y protección contra el COVID-196.

Existen serias dudas en torno a si las medidas aplicadas en las áreas rurales han tenido en cuenta las necesidades específicas de dichas regiones7. El gobierno ha hecho uso de fuerzas estatales de seguridad para controlar la aplicación de las restricciones impuestas, con retenes en carreteras, patrullas y visitas de fuerzas armadas a las comunidades rurales. Personas de comunidades de diversas regiones del país acompañadas por PBI, han compartido que los estados de sitio y los toques de queda han sido particularmente dramáticos para la población más mayor, ya que ha reavivado el recuerdo de situaciones muy traumáticas sufridas durante el Conflicto Armado Interno: “para los que vivimos la guerra despierta otra vez ese temor. La gente le tenía más miedo al toque de queda que a la enfermedad”.

En el caso del plan de vacunación, también se señala que no existe una estrategia de comunicación clara hacia la población, lo que hace que mucha gente, especialmente en las áreas rurales, desconfíe y no se quiera vacunar. Según la comadrona Graciela Vásquez8, integrante de TZK’AT Red de Sanadoras Ancestrales del Feminismo Comunitario Territorial, no hay suficiente información sobre las vacunas y sus efectos secundarios, “no hay personal sanitario que conozca las lenguas locales y pueda informar sobre los síntomas que pueden aparecer tras vacunarse: dolor en el brazo, cansancio, etc.”.

Líderes y lideresas locales de varios departamentos del país están preocupadas por la poca eficiencia de las campañas de información. Según Abelino Mejía, integrante del Consejo de Comunidades de Retalhuleu (CCR), “muchos se han informado a través de organizaciones que les dan folletos”, ya que “la mayoría no usa televisión y las personas mayores casi no tienen teléfono. La poca información que les llega es porque los más jóvenes se la comparten”. Desde Alta Verapaz, Sandra Calel, lideresa de la Unión Verapacense de Organizaciones Campesinas (UVOC) señala que “la información llega, pero de forma equivocada, porque vienen a asustar a la gente y no les dicen cómo curar o prevenir. Además, dentro de las comunidades no existen las condiciones necesarias para tener las medidas que piden”. En base a su experiencia comparte que “la información a las comunidades solo llega a través de los Consejos Comunitarios de Desarrollo (COCODES). Puede que haya información en los medios de comunicación, pero no hay condiciones para que llegue a las comunidades. Y con respecto a la información que pueda llegar a través de las radios, no siempre hay señal de radio en las comunidades”. Este vacío de información institucional, culturalmente adaptada y disponible en los idiomas locales, no ayuda a entender la importancia de adoptar medidas de protección. Además, facilita que se extiendan todo tipo de bulos sobre el virus, desincentivando así el diagnóstico de la enfermedad y alentando a la omisión de casos positivos, todo lo cual favorece la mayor extensión de la pandemia.

Pandemia, debilidad institucional, precariedad del sistema sanitario y agudización de la pobreza

Esta ausencia de estrategia es generalizada y también afecta fuertemente a los servicios de salud, que si ya antes de la pandemia se encontraban debilitados, con la llegada de la misma su situación ha empeorado drásticamente9. A finales de marzo de 2020, según el informe citado en el apartado anterior, la mayoría de los servicios que analizó este estudio funcionaban con relativa normalidad. Sin embargo, según fue avanzando la pandemia se empezaron a registrar limitaciones en el acceso a atención médica, así como carencia de materiales de protección, protocolos de bioseguridad y capacitación dirigida a los y las profesionales. Además, con la llegada del huracán Eta y la tormenta Iota en noviembre de 2020, no solo hubo que lamentar la muerte de 60 personas y la perdida de viviendas, cosechas y carreteras, también se vio gravemente afectada la ya de por si precaria infraestructura de salud. Hasta el momento no se ha dado un plan de reconstrucción de estas infraestructuras y la población denuncia la casi total ausencia del Estado10.

En cuanto al aumento de muertes, estas no solo se deben a la enfermedad provocada por el COVID-19, si no que existen otras causas que han aumentado la mortalidad. Las precariedad de los centros de salud y hospitales, las restricciones de movilidad y la menor afluencia de transporte público, así como el toque de queda, impidieron que muchos pacientes que necesitaban, por ejemplo, someterse a diálisis, no tuvieran manera de acceder a la misma. Se estima que alrededor de 400-500 pacientes con insuficiencia renal murieron en silencio porque no fueron atendidos por la unidad de enfermedad rural. Según Lesly Ramírez, las consultas externas de los hospitales están cerradas desde hace un año y medio, por lo que muchos de estos pacientes posiblemente murieron.

Con respecto a la desnutrición aguda, ya desde 2019 se empezó a evidenciar un aumento significativo, especialmente en la población del Corredor Seco11. La pandemia exacerbó esta tendencia y la tasa de desnutrición crónica en Guatemala pasó a ser la más alta de América Latina y una de las más elevadas del mundo (49%), alcanzando cotas muy alarmantes en algunas zonas rurales, como es el caso de las ubicadas en el departamento de Chiquimula (80%)12.

“Las medidas dictadas por el gobierno de forma generalizada para todo el país en el marco de la pandemia, han tenido distintos impactos y repercusiones en la vida de las personas, en la dinámica comunitaria (pérdida de empleo y de canales de comercialización, mayor inseguridad alimentaria, mayores dificultades para la movilización ante emergencias) y en la prestación de servicios de salud."
CEGSS y REDCSALUD, Informe de monitoreo

El comercio y la economía local se han visto fuertemente dañados. Graciela Vásquez señala que se ha dado “un aumento excesivo del precio del transporte, tanto privado cómo publico, y que esto ha impedido que mucha gente de las comunidades pudiese desplazarse para vender sus productos”. Según Abelino Mejía, defensor criminalizado de la Costa Sur, a finales de 2020 se evidencia un aumento de la precariedad laboral: “se despidieron personas y las que quedaron tuvieron que asumir más tareas”.

Una vez más se ha puesto de manifiesto que cuando hay una crisis las mujeres se ven especialmente afectadas, pues ellas siempre están en una situación de mayor vulnerabilidad y las medidas adoptadas para luchar contra la pandemia les han impactado de forma específica. Graciela Vásquez comparte que durante el confinamiento hubo “un aumento de violaciones, agresiones y violencia económica contra las mujeres. Además, el trabajo del hogar aumentó porque los hombres estaban siempre en la casa”. Según Sandra Calel, en la UVOC están acompañando casos de madres solteras y viudas que han tenido que vender sus tierras para poder mantener a sus familias durante la pandemia, pues aunque “las mujeres durante la pandemia estaban sacando productos, no podían venderlos porque el encierro fue total”.

Otro grupo de población profundamente afectado ha sido la niñez. A Oscar Ical, integrante del Comité Campesino del Altiplano (CCDA), le preocupa fuertemente la educación de las y los niños. Las clases presenciales en las escuelas del área rural se suspendieron en marzo de 2020 y no ha sido hasta septiembre de 2021 que se reanudaron. Por ejemplo, en su comunidad “solo un día a la semana viene la maestra y da una hora a cada clase. Así los alumnos no aprenden nada. A mi hijo lo pasaron a cuarto primaria y el otro año lo pasarán a quinto sin saber bien leer y escribir. Y yo no tengo tiempo de practicar con el todos los días”.

A toda esta situación de indefensión de la población, especialmente del área rural, se suma la eliminación de la Secretaria de Asuntos Agrarios (SAA), institución a la que se podía acudir para intentar solucionar conflictos agrarios, que ha dejado un vacío. Según Sandra Calel, en este contexto de pandemia y de ausencia de las instituciones, la criminalización de personas defensoras de tierra y territorio ha aumento notablemente. Ella cuestiona la prolongación que se hizo del Estado de Calamidad, pues considera que favoreció “una corrupción total, no se sabe hacia donde se fue el dinero”13. Incluso el Procurador de los Derechos Humanos ha manifestado que existen evidencias e indicios que apuntan a que desde el Gobierno Central se ejecutó deficientemente el presupuesto extraordinario aprobado por el Congreso para atender a las poblaciones más vulnerables ante la crisis provocada por la pandemia. Las políticas del gobierno se señalan como inconsistentes y contradictorias, pues, como apunta Abelino Mejía “se limita el transporte público, pero se da vía libre a los centros comerciales, que son lugares saturados de gente”. Esta gestión deficiente por parte del Gobierno ha generado desconfianza en las comunidades y Lesly Ramírez señala que la misma ha evidenciado un Estado fallido y la cooptación profunda de la institucionalidad.

Hasta el momento son las organizaciones de la sociedad civil las que se han organizado para llevar información y asistencia humanitaria a las comunidades. Por ello organizaciones como la UVOC están demandando “programas sociales para que se recupere la economía local y mejore la alimentación de los niños”. Además, recuerdan la necesidad que tienen las organizaciones campesinas de una institución que resuelva los conflictos de tierra que afectan a las comunidades.