Agustín Díaz Ramírez y Timoteo Suchite de Rosa son dos autoridades indígenas de la comunidad de Las Flores, municipio de Jocotán, departamento de Chiquimula. Además son miembros de la Coordinadora Campesina Chortí Nuevo Día (CCCND). Representaron un papel importante de liderazgo y resistencia contra el proyecto hidroeléctrico las Tres Niñas S.A ubicado sobre el río Jupilingo, cuando las autoridades municipales de Jocotán otorgaron en 2007 una licencia por 50 años a la Compañía JONBO (más tarde conocida como TRES NIÑAS S.A.). A través de esta licencia se le entregaron más de 200 hectáreas de tierra comunitaria a la compañía hidroeléctrica. Según la legislación guatemalteca, y estándares internacionales, la compañía debería haber verificado el consentimiento de la comunidad indígena para comenzar a trabajar. La falta de reconocimiento y respeto de los derechos colectivos del pueblo Maya Ch’orti sobre sus tierras y la inexistencia de la consulta están en la raíz del conflicto.

El proceso legal en contra de ambas autoridades inició por el asesinato de Juan Carranza Suchite, ocurrido el 11 de mayo de 2013 frente a la iglesia católica de Las Flores. Antes de su muerte, Carranza Suchité amenazó con matar a un líder del consejo indígena y disparó su arma al aire. Aunque hubo diversos testigos que corroboraron que Agustín y Timoteo se encontraban en el interior y no afuera de la iglesia, el 18 de junio de 2013 fueron recluidos por 4 meses en prisión preventiva. Tras estos meses, y ante la falta de pruebas reunidas por el MP, el juez les concedió libertad condicional. En enero de 2014 fueron nuevamente detenidos sin ninguna prueba reciente u orden justificada de detención y su proceso de criminalización se cumplió el 15 de mayo de 2014, cuando ambos fueron condenados a 6 años de prisión, por homicidio en riña tumultuaria, por el Tribunal Primero de Sentencia Penal, Narcoactividad y delitos contra el ambiente del departamento de Chiquimula. Después de la presentación de apelaciones para la reducción de 2 años de su pena, el tribunal de apelaciones de Chiquimula resolvió que la sentencia debía aumentarse a un total de 25 años. Mas tarde, la CSJ cambió la sentencia a 15 años bajo el principio de "Reformatiu in Peius": que uno no debe ser castigado por una apelación y una apelación no debe resultar en una sentencia mayor. Existen irregularidades claras al debido proceso relacionadas con la falta de pruebas, irregularidades en el juicio y amenazas directas en la cárcel por parte de la empresa, prometiendo a los dos defensores presos ser liberados si estaban dispuestos a venderles su tierra. Actualmente Agustín y Timoteo se encuentran en la cárcel de Puerto Barrios, Izabal, a la espera de la revisión de su caso.