La zona geográfica de Guatemala denominada Costa Sur incluye los departamentos de Retalhuleu, Suchitepéquez, Escuintla y Santa Rosa. La economía de esta zona se basa fundamentalmente en el monocultivo de productos de exportación, principalmente caña de azúcar y palma africana. Este modelo económico extractivista requiere una máxima producción en un espacio limitado. Por eso recurre a métodos altamente contaminantes con impactos muy negativos para la salud y las condiciones de vida de la gente. Para hacer frente a esta situación, en 2015 la población local se organizó en el Consejo de Comunidades de Retalhuleu (CCR), integrado por 18 comunidades, la mayoría del municipio de Champerico, que reivindican su derecho al agua, la alimentación y la salud. En abril de 2020 PBI empezó a acompañar al CCR debido a los riesgos y amenazas que sufren sus integrantes.

El uso de la tierra en la Costa Sur: de la agricultura familiar de subsistencia al modelo agroexportador

El azúcar es uno de los principales productos de exportación de Guatemala desde finales de los años 50 del siglo XX. El año pasado, esta producto y sus derivados fueron el segundo producto más exportado (el 70% de lo producido fue destinado a la exportación). A nivel mundial, Guatemala es el cuarto exportador de azúcar y el tercero con mayor productividad. En el país operan actualmente 13 ingenios azucareros, la mayoría de los cuales se encuentran en la Costa Sur. Las familias propietarias de estos ingenios son parte esencial de la élite agroindustrial de Guatemala; participan también de la matriz energética, del sistema financiero y del político, detentando un poder muy considerable1.

Un informe sobre el tema, elaborado por Andrés Cabanas2, señala que después de la firma de los Acuerdos de Paz (y con mayor fuerza a partir del nuevo siglo) se ha asistido a un incremento exponencial del cultivo de caña a nivel nacional, tendencia que se ha concretado también en la Costa Sur. Para las comunidades de la zona esto ha supuesto un proceso acelerado de transformación del uso del suelo, con impactos profundos sobre la vida de su población. Los terratenientes locales, dueños de la mayoría de la tierra3, han trasladado el alquiler de sus parcelas de las familias campesinas a los ingenios azucareros, los cuales pagan precios más elevados y por periodos más largos. De esta forma, la disponibilidad de tierra para las familias campesinas ha ido mermando: el cultivo de caña pasó de ocupar 188.000 hectáreas en 2003 a ocupar 278.900 hectáreas en 2014 (en todo el territorio nacional). Actualmente, más del 60% de la tierra cultivable en el departamento de Escuintla se dedica al cultivo de caña, cifra que sube a más del 85% en el municipio de Champerico.

Violación del derecho al agua, la alimentación y la salud

El monocultivo de caña de azúcar utiliza grandes cantidades de agua, lo que impacta en la disponibilidad de este bien básico para el consumo local. Estudios sobre el terreno4 han mostrado que para garantizar su acceso al agua, los ingenios utilizan cualquier medio, incluido el desvío de ríos y la perforación de pozos que no cuentan con estudios adecuados de impacto ambiental. Asimismo, la necesidad de tierra para el cultivo masivo de caña de azúcar ha provocado tala inmoderada de árboles y la consecuente deforestación, no solo en los terrenos destinados a la siembra, sino también en los bosques que hay en las orillas y riveras de los ríos, lo que ha contribuido fuertemente al secado de los ríos en la zona, a la pérdida de la biodiversidad y al cambio climático5.

Champerico es declarado corredor seco, pero es un corredor secado por la agroindustria que desvía los ríos con represas y quineles. Hay fincas que hacen pozos muy profundos con capacidad de extracción muy grande que afecta al manto freático y a los pozos de las familias (Abelino Mejía Cancino, integrante del CCR).

El uso inadecuado del agua para los monocultivos, ocasiona sequías en el verano e inundaciones de los cultivos familiares en el invierno, cuando los ingenios sueltan de las represas el exceso de agua, afectando la producción de granos básicos y el derecho a la alimentación de estas familias. Asimismo, la expansión de la caña hace desaparecer el bosque de ribera y el manglar, que a menudo son talados, y disminuye áreas dedicadas a actividad piscícola, que constituye, o la actividad principal o un complemento productivo para las comunidades6.

El derecho a la salud de la población local se ve afectado por esta agricultura intensiva que, buscando el máximo rendimiento económico, hace uso de productos contaminantes (insecticidas, herbicidas y productos que aceleran el proceso de crecimiento de la caña), a menudo lanzados desde avionetas y que, por tanto, contaminan también los cultivos de subsistencia de la población y las reservas de agua. A lo anterior, se suman los efectos de la zafra, es decir, la quema de los restos de los cultivos de caña que se realiza anualmente entre los meses de noviembre y mayo, y que provoca enfermedades respiratorias.

Todo lo anterior impacta de forma diferenciada a las mujeres, pues la escasez de agua por el secado de los pozos las obliga a desplazarse más lejos (y más a menudo), para conseguir el líquido, exponiéndolas al riesgo de violencia (de diversos tipos, incluida la sexual), y a daños sobre su salud física por el peso de acarrear el agua. Asimismo, están más expuestas a enfermedades dermatológicas provocadas por el agua contaminada con agrotóxicos que usan pare el lavado de la ropa y la limpieza diaria. También las impacta el incremento de las enfermedades causadas por los monocultivos, tanto en los trabajadores de las plantaciones de caña como en la población que vive en los alrededores, ya que aumenta el tiempo que tienen que dedicar al cuidado de la salud familiar.

En consecuencia, las comunidades de la Costa Sur se encuentran sometidas a condiciones de fuerte explotación, empobrecimiento, escasez de agua e insalubridad. La población no tiene acceso a la tierra para cultivar y se ve obligada a comprar bienes primarios, cuyos precios cada vez son más elevados. Estos son los impactos, profundamente negativos, de un modelo agroexportador, cuyo principal objetivo es la ganancia económica de una élite, frente al empobrecimiento y perjuicio de la mayoría de la población y, por tanto, del bien común.

Las luchas sociales en la Costa Sur y la respuesta del Estado

La historia de organización social en la Costa Sur viene de lejos: en la década de los años 60 del siglo pasado se empezaron a gestar las cooperativas; en los 80 se dieron las huelgas de protesta por las condiciones laborales de explotación y, en los 90, las negociaciones y compras de tierras por parte del movimiento de retornados. Esta experiencia organizativa permitió que, en los primeros años de la década de 2010, se aglutinara un fuerte movimiento popular en respuesta a los impactos negativos por el incremento de monocultivos en la región y por el secado de los ríos. Es en este marco que, en 2015, se crea el CCR.

El principal objetivo del CCR es dar respuesta a la imposición de un modelo económico impuesto por las empresas y por el Estado, que oprime a los pueblos agricultores de la región, vulnerando sus derechos humanos, su acceso a la tierra y al agua. En el CCR trabajamos en defensa de la vida, del agua y de la tierra y para que se respeten las costumbres y culturas de los pueblos (Virgilio García Carrillo, integrante de la Junta Directiva de la organización).

También durante este periodo se gestó la Marcha por el Agua, la Madre Tierra, el Territorio y la Vida, que finalmente tuvo lugar del 11 al 22 de abril de 2016 y que se originó en la Costa Sur. Tanto en el marco de la Marcha por el Agua, como en la Declaración de Champerico (2016), la población llamaba la atención sobre la recuperación de las cuencas de los ríos, la reparación del daño ocasionado al ambiente y a las personas, y la transformación de un modelo agrícola de exportación en un modelo de soberanía alimentaria, que pusiera en el centro el respeto y el reconocimiento de la identidad indígena. Al mismo tiempo que avanzaban propuestas para solucionar las diferentes problemáticas planteadas por la masificación del monocultivo, las comunidades se dirigieron al Estado para denunciar el desvío de ríos, la tala de manglar y bosque, el ataque contra especies protegidas y la contaminación, todo ello perpetrado por finqueros e ingenios azucareros.

Cabanas ha analizado las denuncias y propuestas de las comunidades, concluyendo que el Estado de Guatemala es participe de la alarmante degradación ambiental y social en la Costa Sur, así como de la agresión al medio ambiente y a las comunidades, todo ello a través de la omisión de sus deberes7. Esto se evidencia, por un lado, a través de la falta de persecución a las empresas que contaminan o desvían ríos, que se ha eludido incluso a pesar de las denuncias interpuestas por las comunidades. Por otro lado, favoreciendo la apropiación del agua, debido a la inexistencia de marcos normativos y legales (ley de aguas y/o políticas públicas a este respecto) que reconozcan el derecho al agua como fundamental, y penalicen la contaminación, el desvío, la apropiación y aprovechamiento de la misma en detrimento de los derechos humanos.

Sin embargo, la movilización y participación comunitaria para la restitución de sus derechos sí ha sido y es perseguida y criminalizada. Este es el caso de las 4 personas acompañadas por PBI que conforman la Junta Directiva del CCR y que, desde 2018, sufren un proceso de criminalización. Anabella España Reyes, Abelino Mejía Cancino, Flavio Vicente y Virgilio García Carrillo son blanco de acusaciones de coacción, amenazas y detenciones ilegales por hechos supuestamente acaecidos durante una reunión en la que participaron representantes de los ingenios El Pilar, El Tular, Magdalena, Santa Ana y Pantaleón en el año 2018. Aunque en primera instancia la jueza a cargo del caso declaró falta de mérito de las acusaciones, el caso fue apelado por una querellante adhesiva en representación del ingenio El Pilar y aceptada por la Corte Mixta de Retalhuleu. La audiencia programada para inicios de octubre se suspendió hasta el 15 de enero de 2021.

Los procesos de criminalización (a través de la judicialización, pero también de difamaciones en redes sociales), las amenazas directas que reciben las personas integrantes del CCR, así como los procesos de cooptación de las comunidades (a través de la compra de líderes y de difusión de rumores sobre los liderazgos) tienen terribles consecuencias sobre la salud de los y las defensoras, así como sobre sus familias y la organización social.

Necesitamos que las personas se den cuenta que cuando consumen azúcar, esto tiene un impacto sobre la vida de las comunidades y sobre el derecho al agua para todos y todas. Hacemos un llamado a consumir lo sano y lo bueno producido por el campesinado y no lo empacado de las grandes empresas (Abelino Mejía Cancino, integrante del CCR).

6Cabanas, A., 2017, Op. Cit.

7Cabanas, A., 2019, Op. Cit.