La corrupción es un problema de alcance mundial, que impacta de forma severa en el bienestar de las personas. Ningún país en el mundo está exento de casos de actos delictivos cometidos por funcionarios y autoridades públicas que abusan del poder que les ha sido encomendado para administrar de forma eficiente, democrática y transparente los recursos públicos. Estos están generados por las mismas personas habitantes del país con el fin de que sean empleados para el bien común, pero los funcionarios corruptos los utilizan para ventaja y enriquecimiento personal.

Carlos Sajmoló Pichiyá, Representante y Portazoz de la AVCCP

Según la coalición internacional Transparency International, Guatemala se encuentra entre los países más corruptos del planeta. Dicha coalición elabora anualmente el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC), el indicador de corrupción más utilizado en todo el mundo. El IPC puntúa y clasifica a los países y territorios según la percepción de la corrupción del sector público, recogida a través de encuestas y evaluaciones recopiladas por instituciones acreditadas. El puesto ocupado por Guatemala en 2019 fue el 146 de 180 países evaluados. Además se encuentra entre los 5 países más corruptos de América, ocupando el puesto 11 de los 15 países incluidos en el Índice de Capacidad de Combate a la Corrupción (CCC), elaborado por el Grupo de Trabajo Anti Corrupción de las organizaciones Americas Society (AS) y Council of the Americas (COA). Según este índice, Guatemala sufrió un retroceso en sus capacidades legales y democráticas a partir de la salida de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) en agosto de 2019, disuelta de forma unilateral por el gobierno de Jimmy Morales en enero de aquel año. Sin embargo, un aspecto muy positivo señalado por este índice es el fortalecimiento de la sociedad civil organizada que, a diferencia de otros países, mantiene la lucha contra la corrupción como tema central entre sus reivindicaciones ciudadanas.

La ciudadanía organizada ejerce su derecho a la fiscalización y la denuncia

La AVCCP es una organización popular, sin vinculación con partidos políticos, conformada por más de 150 vecinos y vecinas del municipio de Patzicía (Chimaltenango), la mayoría pertenecientes al pueblo maya Kaqchikel. Dicha asociación comienza su lucha el 26 de agosto de 2016, inspirada por las movilizaciones ciudadanas que se dieron en todo el país en 2015, así como por el trabajo de la CICIG, el cual llevó a desenmascarar y juzgar varias redes de corrupción en los más altos niveles del Estado.

En el municipio de Patzicía, fueron las irregularidades en la administración de servicios públicos municipales, concretamente los servicios de distribución de agua potable y de gestión del alumbrado público, las que llevaron al vecindario a organizarse para monitorear las actuaciones de las corporaciones municipales. Además, también se concentraron en vigilar las actuaciones de la corporación municipal en relación a las inversiones públicas, exigiendo la consulta a la ciudadanía sobre los temas de interés y el respecto a sus decisiones.

Este año 2020 se conformó y lanzó la Red Nacional de Comisiones y Colectivos Ciudadanos por la Transparencia y Probidad (a nivel nacional) de la que es parte la AVCCP. Este trabajo en red permite el intercambio de buenas prácticas en el combate contra la corrupción y, por tanto, el fortalecimiento mutuo.

Para realizar sus acciones, la AVCCP se apoya en los principales instrumentos legislativos vigentes: la Convención Interamericana contra la Corrupción (1996), ratificada por el estado de Guatemala en 2001; la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, adoptada por su Asamblea General en 2003; y la Ley contra la Corrupción, decretada por el Congreso de la República de Guatemala en 2012.

Carlos Sajmoló Pichiyá, representante de la AVCCP, explica así la razón de ser de la asociación: En Guatemala hemos sufrido el saqueo de las arcas nacionales por parte de funcionarios públicos, además del robo de las élites económicas. Este enriquecimiento ilícito de los funcionarios públicos hace que el pueblo cada vez esté más sumido en la pobreza. Las acciones de la AVCCP parten del convencimiento de que no puede haber paz en Guatemala mientras haya corrupción, ya que unos pocos obtienen un enriquecimiento ilícito que tiene como consecuencia el empobrecimiento injusto de la mayoría de la población.

Entre las acciones más recientes de la AVCCP, se encuentra la realización de una auditoría social sobre la implementación de los programas estatales para combatir la crisis del COVID-19 en el municipio de Patzicía. En los primeros meses de 2020, el gobierno de Alejandro Giammattei ha estado gestionando fondos de asistencia sin precedentes para combatir los efectos negativos de esta crisis, especialmente la falta de trabajo e ingresos económicos en los hogares, el aumento de la desnutrición y la hambruna. Dadas las debilidades estructurales de Guatemala en contratación pública y otras áreas relacionadas, se han hecho evidentes las preocupaciones frente a la probabilidad de que gran parte de estos fondos, aprobados para paliar los efectos de la crisis sanitaria, no cumplan con este propósito. La recién creada Comisión Presidencial contra la Corrupción, ya identificó irregularidades en varias instituciones del gobierno en el manejo de estos fondos. La AVCCP presentará públicamente los resultados de la mencionada auditoría, mostrando así la importancia de una ciudadanía atenta y crítica que, como comenta su representante, pueda servir como ejemplo para otros municipios y comunidades del país.

En palabras de Carlos Sajmoló, no solo se tiene que castigar la corrupción, sino que hay que prevenirla, y esto se hace a través de la auditoría social. La AVCCP predicamos con el ejemplo. Soñamos que en Guatemala haya 340 organizaciones que luchen contra la corrupción, tantas como municipios existen en el país. Es tiempo de unir nuestros pensamientos, nuestras voces y vigilar como se manejan los recursos públicos del pueblo de Guatemala, para que podamos tener instituciones educativas, de salud, etc. que funcionan a nivel público. Es tiempo de luchar para que las generaciones futuras encuentren un país donde empiece a gestarse por fin el desarrollo.

Los riesgos de luchar contra la corrupción

El trabajo realizado por la AVCCP ha tenido como consecuencia actos de agresión y persecución política hacia sus dirigentes. Carlos Sajmoló Pichiyá, portavoz de la organización, sufrió diferentes ataques y amenazas, entre ellos agresiones físicas y una detención ilegal. Sin embargo, el ataque más grave recibido hasta este momento ha sido el proceso de criminalización en contra del propio Carlos Sajmoló, líder de la organización. Dicho proceso de criminalización, es la nefasta reacción frente a su exigencia de que se respete el rechazo documentado del Consejo Municipal de Desarrrollo (COMUDE) de Patzicía y que se realice la respectiva consulta comunitaria respecto al proyecto de construcción de una sub estación eléctrica por parte de la empresa Red Eléctrica de Centroamérica S.A. (RECSA), en el municipio. El 22 de agosto de 2018, la municipalidad de Patzicía otorgó licencia de construcción de la subestación, cuya solicitud anteriormente había sido rechazada por el COMUDE. Como consecuencia, se produjeron una serie de movilizaciones sociales organizadas por la AVCCP y el COMUDE de Patzicía, exigiendo el respeto al derecho de consulta previa comunitaria, las cuales culminaron con la revocación de la licencia el 18 de septiembre de 2018.

El 29 de enero de 2020 se realizó la audiencia pública contra el defensor, acusado de los delitos de atentado contra la seguridad de servicios de utilidad pública, actividades contra la seguridad de la nación, amenazas, coacción, instigación a delinquir, detenciones ilegales y retenciones ilegales por acciones supuestamente cometidas durante las protestas de septiembre de 2018. El juez declaró falta de mérito, sin embargo, RECSA y el Ministerio Público apelaron la resolución y la acusación fue presentada ante la Sala Regional Mixta de la Corte de Apelaciones de Antigua Guatemala. A mediados de octubre, Carlos Sajmoló recibió la notificación en la cual se le informaba que dicha sala rechazaba la apelación y confirmaba la sentencia por falta de mérito dictada el 11 de agosto del presente año.

Debido a las amenazas y al proceso de criminalización descrito, desde PBI empezamos a acompañar a la AVCCP en abril. Estamos dando seguimiento telefónico a su situación y visibilizando su caso, así como la importante labor ciudadana que están llevando a cabo, todo ello a través de nuestros ejes de incidencia y comunicación.