Tras casi 3 años de la tragedia, por fin se programó el inicio del debate oral y público de este caso para el día 22 de octubre de 2019, sin embargo finalmente no se dio. El abogado de la acusada Anahí Keller, recusó al juez asignado al considerar que ha externado opinión. Esta acción supone una nueva dilatación del inicio del juicio.
Las personas acusadas en este primer debate son personal funcionario de la Secretaría de Bienestar Social (SBS): el secretario, la sub-secretaria y el director del Hogar. Un total de 12 personas están acusadas y serán juzgadas en tres procesos separados (además de las tres personas de la SBS mencionadas, hay personal de la Procuraduría General de la Nación – PGN -, de la Procuraduría de Derechos Humanos – PDH-, de la Policía Nacional Civil – PNC - y una jueza de paz).
Las familias de las víctimas y sus representantes legales piden al Organismo Judicial (OJ) juntar los tres procesos para evitar la revictimización de las sobrevivientes y para economizar recursos del Estado y de las querellantes. Sin embargo, tal y como señalan los y las abogadas, hasta la fecha esta petición no solo no ha sido atendida, sino que el OJ ha obstaculizado el derecho a justicia de las víctimas, cancelando citas judiciales en el último momento, alargando las fases procesales, tardado demasiado en las resoluciones de los recursos interpuestos, asignando salas de audiencia inapropiadas e indignas (en el sótano de la torre de tribunales entre el parqueo y la carceleta, donde no caben ni las familias, ni la prensa, ni las personas observadoras). Este tratamiento lo califican como una continuación de la ausencia de atención a las condiciones en las cuales se encuentran las niñas, niños y adolescentes con necesidad de cuidado y protección del Estado.
Según la valoración de uno de los abogados de las sobrevivientes y sus familias, los hechos que se van a juzgar, se dieron en un contexto de graves violaciones a los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes, pero estas lamentables condiciones no son una excepción, pues han sido y siguen siendo un realidad en muchos hogares estatales hasta el día de hoy. El no tener este enfoque en cuenta a la hora de juzgar este caso, impediría que haya una sentencia dirigida a cambiar las situaciones denigrantes que viven la niñez y adolescencia custodiada en instituciones estatales.
La situación procesal de los otros dos grupos de personas acusada confirma la impresión de los y las abogadas: la acusación del personal de la PGN, la PDH, la PNC y del Hogar “Virgen de la Asunción” se encuentra desde hace 8 meses en la fase intermedia, y falta la audiencia de ofrecimiento de pruebas.
Mientras para el tercer grupo se espera la decisión del juez Rodolfo Laynez si les liga a proceso o no para finales de enero 2020. Una jueza y su secretario del Juzgado de Paz de San José Pinula, una coordinadora y una manitora del Hogar Seguro están acusandas de los delitos de maltrato contra personas menores de edad, homicidio culposo, incumplimiento de deberes y lesiones culposas.
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