La llegada del Coronavirus solo vino a empeorar una situación con un contexto histórico de por sí complicado. La explotación, represión, conflictividad agraria y criminalización sufrida por las comunidades, aumentada con la crisis climática, se ha visto empeorada por esta situación de pandemia.

Lesbia Artola, Coordinadora del Comité Campesino del Altiplano CCDA – Las Verapaces

En Guatemala, al menos la mitad de la población pertenece a los pueblos originarios1. Dicha población soporta los mayores porcentajes de pobreza y desnutrición del país, y sufre falta de acceso a derechos tan básicos como la salud y el agua. La represión, exclusión e invisibilización a la que se ven sometidos tienen raíces históricas que se remontan hasta la invasión española, pasando por la constitución del estado colonial y llegando hasta el día de hoy con el establecimiento de un modelo económico extractivista basado en la explotación de los territorios que estos pueblos habitan. Su respuesta frente a esta dura realidad ha sido la resistencia basada en su rica diversidad cultural, identitaria y cosmogónica, así como en sus conocimientos milenarios, todo lo cual se ha desarrollado sin el reconocimiento por parte del Estado.

Los impactos de las medidas para frenar el contagio del Covid-19

El primer caso de Covid-19 en Guatemala se da a mediados de marzo de 2020 y motiva, de forma inmediata y por parte del Gobierno, la implementación de medidas para hacer frente a la expansión del virus. Es importante señalar la alta vulnerabilidad de la población indígena frente al virus, debido a las condiciones de pobreza en las que vive gran parte de dicha población. A pesar de ello, las autoridades ancestrales han denunciado no haber sido invitadas por el Gobierno a las reuniones que ha mantenido con la sociedad civil para discutir, precisamente, las disposiciones de prevención frente al contagio. De esta manera, las circunstancias de vida de las comunidades indígenas y campesinas no han sido tomadas en cuenta en el diseño de estas medidas, algunas de las cuales han tenido un impacto muy negativo para ellas. Por ejemplo, la limitación del horario de los mercados populares y de los medios de transporte entre comunidades, municipios y departamentos, ha afectado fuertemente a su subsistencia, pues la economía de estas familias se basa, fundamentalmente, en la venta de los excedentes de sus cultivos en las cabeceras municipales.

El municipio de Cahabón estuvo cerrado por meses, no pudiendo acceder a él, lo que nos impidió la venta de nuestros productos y la obtención de otros. Aunque en las comunidades de la región cultivamos productos para auto-abastecernos, seguimos teniendo necesidad de comprar otros productos, los cuales nos fueron inaccesibles durante los primeros meses de pandemia.

Pedro Ramírez, defensor de la tierra e integrante de la Resistencia Pacífica de Cahabón

Al mismo tiempo, los programas promovidos por el Gobierno para hacer frente a los impactos económicos de estas medidas, excluyeron el área rural, la cual es mayoritariamente indígena, lo que comporta un claro carácter discriminatorio. Un ejemplo es el llamado Bono Familia, cuya lista de personas beneficiarias se estableció a partir del recibo de la luz, obviando a quienes no cuentan con servicio de energía eléctrica, es decir, la población más pobre ubicada precisamente en territorios eminentemente indígenas.

En relación al derecho a la salud, el no reconocimiento de quienes practican la medicina maya como personal esencial, y por tanto con permiso para incumplir el toque de queda, limitó fuertemente el acceso a la salud de muchas familias, en contextos donde este es el único recurso disponible al no existir acceso a estructuras de salud pública.

Sin embargo, según señalan líderes y lideresas comunitarias, parece que las restricciones no se han aplicado de forma igualitaria. Por ejemplo, las grandes empresas que impulsan proyectos mineros, hidroeléctricos y de monocultivos agrícolas, así como las obras del Corredor Interoceánico, han continuado trabajando a pesar de que muchas de ellas tienen los permisos vencidos o están sujetas a acciones jurídicas que prohíben sus actividades. Además, en los departamentos de Alta y Baja Verapaz, la pandemia ha sido utilizada como mecanismo para incrementar las acciones de intimidación, amenazas y criminalización y ha sido aprovechada por actores privados para ejecutar desalojos sin ningún respeto por la vida humana2. Al mismo tiempo, las restricciones de movilidad y reunión han dificultado las actividades de defensa de los territorios.

En cuanto a las medidas de confinamiento, es importante poner de manifiesto que las grandes afectadas han sido las mujeres, pues en muchos casos estas medidas han contribuido a exacerbar situaciones de violencia, tanto en sus hogares como en sus comunidades. De hecho los registros de violencia sexual hacia mujeres y niñas se han incrementado. Además, la carga que supone el cuidado de las familias para las mujeres, también se ha visto incrementada sin que haya existido una respuesta efectiva del Estado ante estas situaciones.

La respuesta de las comunidades

Frente a la ineficacia y los impactos negativos de las medidas implementadas por el Estado, los pueblos originarios de Guatemala han articulado propuestas autónomas y autogestionadas dirigidas a resguardar y proteger a las comunidades del virus.

Muchas comunidades han implementado cordones de seguridad sanitaria para controlar el ingreso a los territorios, así como la aplicación de medidas de desinfección de vehículos y personas. Por su parte, las radios comunitarias han jugado un papel clave haciendo llegar la información en idiomas mayas y orientando acerca de las recomendaciones para la prevención del virus, como lavarse las manos, usar mascarillas y guardar distancia física.

El papel de las mujeres, con respecto al cuidado de la salud, ha sido clave desde que estalló la pandemia. Han impulsado el despertar de la memoria inmunológica de los pueblos con la utilización de plantas medicinales y prácticas de sanación ancestral basadas en su cosmovisión, buscando siempre el equilibrio energético, físico y mental.

El consumo de productos procesados está desplazando la relación alimentaria de las comunidades con frutas, tubérculos, semillas, flores, cogollos, hojas. Toda esta pluralidad de plantas, que es lo que comemos los pueblos, fortalecen la inmunidad, que es la respuesta contra los ataques de virus y bacterias con los cuales estamos conviviendo desde hace millones de años. Es importante hacer de la alimentación un acto político a través de la conciencia que vincula estos actos cotidianos con la memoria del despojo que hemos vivido los pueblos.

Lorena Cabnal, integrante de Tzk’at Red de Sanadoras Ancestrales del Feminismo Comunitario desde Iximulew

La organización comunitaria ha servido también para enfrentar los impactos económicos causados por las limitaciones de transporte. En el departamento de El Quiché, por ejemplo, las y los alcaldes comunitarios de diferentes micro regiones se pusieron de acuerdo para organizar el transporte y el comercio. Desarrollaron medidas de seguridad coordinadas en toda la zona, definiendo la cantidad de personas que podían movilizarse y la carga que podían llevar, el uso de mascarilla y el de guantes.

Otra respuesta frente a los impactos económicos ha sido la recuperación de prácticas y costumbres ancestrales como el trueque, intercambio de productos no mediado por el dinero sino dirigido a la satisfacción de las necesidades humanas básicas.

[A través del trueque] hemos conseguido productos que no teníamos, como ejote y rábano, y a cambio nosotros hemos dado cebollas y tomates. Con el intercambio de productos hemos podido mantener a nuestras familias.

Adrían Caal, líder Poqomchí de la Unión Verapacense de Organizaciones Campesinas UVOC

En respuesta a la falta de trabajo e ingresos causada por las medidas gubernamentales, las comunidades han fortalecido el cultivo de productos básicos para la alimentación familiar como maíz, frijol, calabaza y hierba mora. Con estos productos, obtenidos de sus huertos, están apoyando a las familias que no tienen acceso a la tierra ni a la cosecha.

Una ayuda vital ha provenido de algunas organizaciones sociales que han apoyado a las familias con bolsas de víveres y semillas, a pesar de que las medidas gubernamentales limitaron sus posibilidades de estar presentes en los territorios. Junto a esta respuesta humanitaria, las organizaciones han fortalecido su trabajo político para el apoyo a las comunidades y los pueblos. El Frente Campesino Iximulew, integrado por el CCDA, la UVOC, la Central Campesina Ch'orti' Nuevo Día (CCCND), y el Cominté de Unidad Campesina (CUC), ha buscado un diálogo con las autoridades para abordar preocupaciones como: la falta de políticas pública en relación al desarrollo rural y agrario; el desmantelamiento de las instituciones constituidas con los Acuerdos de Paz para hacer frente al problema estructural del acceso a la tierra3; y el incremento de ataques violentos hacia comunidades campesinas e indígenas desde el inicio de la pandemia4.

En lo que respecta a la organización social en los territorios, las comunidades y organizaciones han tenido que reinventarse frente a las limitaciones de reunión, para poder así seguir con su labor y mantener vivo el tejido social. Han llevado a cabo encuentros con aforo reducido de personas (el permitido por la ley), las cuales han asumido la responsabilidad de compartir lo hablado en esos espacios con otros círculos reducidos de vecinas y vecinos, construyéndose así una red para la trasmisión de información.

En este contexto, tanto en Guatemala como en otras regiones del mundo, se pone de manifiesto la importancia de lo señalado por José Francisco Cali Tzay, maya kaqchikel y Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas: “las comunidades indígenas que pueden resistir mejor la pandemia de la COVID-19 son las que han logrado la autonomía y el auto gobierno, lo que les permite gestionar sus tierras, territorios y recursos, y garantizar la seguridad alimentaria mediante sus cultivos tradicionales y su medicina tradicional. Ahora más que nunca, los gobiernos de todo el mundo deben apoyar a los pueblos indígenas para que apliquen sus propios planes de protección de sus comunidades y participen en la elaboración de iniciativas nacionales para garantizar que éstas no los discriminen”.

3 En el mes de julio de 2020, el presidente Alejandro Giammattei declaró el cierre, entre otras entidades, de la Secretaría de Asuntos Agrarios (SAA), vea: Toro, D., Giammattei le dio el tiro de gracia a la institucionalidad de la paz, Prensa Comunitaria, 30.07.2020