Lugar

Trabaja en los cuatro municipios ch’orti’ del Oriente del país -Camotán, Jocotán, Olopa y la Unión- en los departamentos de Chiquimula y Zacapa.

Área de trabajo y derechos defendidos

Desarrolla una labor formativa e informativa con las comunidades rurales sobre temas relativos a economía campesina, medio ambiente, derechos y territorio, y reconocimiento como comunidades indígenas, todo ellos en coordinación con otras organizaciones de la región.

Descripción de la problemática

La CCCND está integrada por 7.400 personas de 32 comunidades y forma parte de la Plataforma Agraria. Su labor gira en torno a la defensa del territorio y sus principales preocupaciones y acciones se centran en los impactos de proyectos y megaproyectos sobre el medio ambiente y las economías locales. PBI les acompaña desde el año 2009. Varios de sus integrantes han recibido amenazas, incluso de muerte, intimidaciones y ataques debido a su trabajo en las comunidades.

En septiembre de 2014, en el contexto de una jornada de paro nacional, personas pertenecientes a la CCCND fueron detenidas participando en una manifestación realizada en el puente Jupilingo. Después de tres días en prisión preventiva fueron liberadas sin cargos por falta de pruebas. Organizaciones Internacionales manifestaron que existió un intento de las autoridades de criminalizar a defensores de derechos humanos. El desalojo violento del Puente Jupilingo y las detenciones mencionadas ocurrieron en un contexto de grave aumento de ataques, amenazas, intimidaciones, actos de criminalización y difamaciones contra la organización y sus integrantes. PBI ha intensificado su presencia en las comunidades que forman parte de la CCCND, especialmente las que están buscando ser reconocidas como comunidades indígenas frente a los municipios locales y el Estado guatemalteco.

Información Relacionada

Icono PDF Informe sobre el cumplimiento de las sentencias de Camotán, octubre 2019

En Guatemala, el 46,5% de niñas y niños menores de 5 años sufren desnutrición crónica. En el año 2011, cuatro familias ch’orti’ demandaron al Estado de Guatemala por no garantizar la alimentación, salud y educación de la niñez y las familias. 18 meses después, un juzgado de Zacapa, en varias sentencias, declaró culpable al Estado por violar estos derechos, así como el derecho a la vida, la vivienda y el trabajo. El Estado buscó anular estas resoluciones a través de recursos legales, pero la corte de apelaciones y la Corte de Constitucionalidad desestimó las apelaciones y dejó las sentencias en firme.

En 2017 falleció Mavelita Interiano, una de las niñas amparadas por las sentencias, por falta de atención medica.

Este informe fue elaborado por la Coordinadora Central Campesina Nuevo Día, la campaña Guatemala Sin Hambre y la Procuradoria de los Derechos Humanos y presentado en octubre de 2019.

La inseguridad alimentaria en Guatemala: un drama humanitario que se puede evitar (Boletín 38, enero 2018)